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viernes, 22 de agosto de 2008

EUROPA SE BLINDA ANTE LOS INMIGRANTES



Por Sami Nair

La nueva directiva europea sobre inmigración ilegal, que propone unas normas comunes para la retención y expulsión de extranjeros sin papeles, se inscribe en la lógica de endurecimiento adoptada a partir del Consejo Europeo de Tampere, en 1999, y formalizada en el Programa de La Haya, en 2004. La directiva de 2005 sobre el retorno de extranjeros en situación irregular, ya muy severa, es hoy objeto de modificaciones sustanciales, siempre en el sentido de la restricción de las condiciones de entrada y del derecho de asilo. No en vano se han introducido cuatro disposiciones altamente simbólicas sobre el retorno voluntario, la retención, la readmisión y los menores.
La directiva pretende abrir la posibilidad de un retorno voluntario en un plazo de cuatro semanas. Pero la formulación es extremadamente ambigua: llama retorno voluntario a lo que en realidad es un retorno obligatorio. Así, el artículo 6, párrafo 2, sitúa al extranjero ante obligaciones permanentes, como, por ejemplo, las de tener que "presentarse regularmente ante las autoridades, depositar una garantía financiera, entregar documentos o residir en un lugar determinado". Al adoptar estas medidas tan restrictivas, los Estados aceptarán muy probablemente aumentar su participación en la financiación del retorno, lo que confirma su voluntad de obligar a los extranjeros a regresar a sus países de origen.
En cuanto a la duración de la retención, la UE creó hace ya unos 10 años la denominada política de "externalización", esto es, una serie de campos de internamiento prácticamente al margen del derecho. Ahora se trata de legislar la duración de la retención en el interior de la UE. Se fija en seis meses (artículo 14) el periodo de internamiento previo a la repatriación, aunque podrá ampliarse hasta los 18 meses. El proyecto inicial de la Comisión proponía una duración máxima de seis meses. Pero los Estados miembros, que aplican plazos de retención muy diferentes -que pueden ir desde los 32 días en Francia o los 42 en España hasta la detención ilimitada-, se han puesto de acuerdo en adoptar la media de... ¡18 meses!
Los partidarios del endurecimiento de las reglas presentan ese plazo como una victoria frente a los Estados más represivos, que practican la retención ilimitada. Pero ¿no implica también permitir a los más garantistas la posibilidad de pasar de 32 días a 18 meses? La armonización al alza del internamiento no puede ser un "avance", y menos aún cuando, en ausencia de una estrategia de gestión común de la demanda migratoria internacional hacia Europa, parece más que probable que, de aquí a algún tiempo, haya que aumentar de nuevo el plazo de retención.
Esta disposición viene acompañada de otro cerrojo a la readmisión en el territorio europeo del extranjero expulsado. A partir de ahora, éste no podrá presentarse en las fronteras de la Unión hasta pasados cinco años, o más, si ha sido clasificado como amenaza para la seguridad (artículo 9). En la práctica, se trata de la institución de un verdadero delito de inmigración. Berlusconi, siguiendo las propuestas de los ministros neofascistas de su Gobierno, ha llevado esta lógica de penalización hasta sus últimas consecuencias al introducir en el código penal italiano un "delito de inmigración clandestina", castigado con una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión. Los responsables europeos dicen no aprobar tal decisión, pero ¿acaso no está implícita ya como posibilidad en la concepción de la inmigración ilegal como delito?
La tercera disposición concierne a los menores. Nadie ignora que éstos plantean un problema grave y que hay que legislar en la materia; prácticamente todos los países de la Unión deben hacer frente a esta nueva forma de inmigración. Lejos de nosotros la idea de arrojar la primera piedra contra la UE. Pero, ¿cómo reaccionar?
Dado que el derecho de los menores es uno de los más protegidos, no es posible equipararlo simple y llanamente con la lógica represiva que prevalece respecto a los adultos solicitantes de asilo. Ahora bien, el artículo 14 de la directiva establece que los Estados tendrán derecho a retener a los menores durante el mismo tiempo que a los adultos, aunque, añade, no será en "establecimientos penitenciarios ordinarios". Pero esos "lugares específicos" no se definen en ninguna parte. La directiva pretende respetar el principio del "interés superior del niño" remitiéndose a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989). Pero, hay que recordarlo, la convención no prevé en lugar alguno la posibilidad de la detención de los niños a causa de la inmigración ilegal.
Por otra parte, en la directiva se perfila entre líneas una tendencia a la desjudicialización de los procedimientos de detención y expatriación extremadamente peligrosa. Así, el artículo 14, párrafo 2, postula que "las decisiones de internamiento temporal serán tomadas por las autoridades judiciales", pero precisa que "en caso de urgencia podrán ser tomadas por las autoridades administrativas (...)", para, a continuación, ser confirmadas por las autoridades judiciales en un plazo de 72 horas. Ahora bien, en la práctica, esta sustitución de la competencia de la autoridad judicial por la de la autoridad administrativa tenderá a sistematizarse e, inevitablemente, tendrá consecuencias nefastas en lo que al respeto de los derechos humanos se refiere.
Esta directiva viene acompañada por una ofensiva de la futura presidencia francesa de la UE destinada a hacer aún más difícil la integración de los inmigrantes. Nicolas Sarkozy pretende imponer el "contrato de integración" existente en Francia a la asamblea de socios europeos. Se trata de codificar unas reglas de asimilación de las normas y costumbres de los países de acogida que los candidatos a la inmigración tendrán que adoptar obligatoriamente. Evidentemente, eso deja la puerta abierta a una arbitrariedad aún mayor de los Estados en la lógica de selección que quieren poner en marcha para la acogida de extranjeros. La presidencia francesa también quiere conseguir que se admita el principio del rechazo a las regularizaciones "masivas", para evitar un "efecto llamada" que pudiera tener repercusiones en todos los países europeos.
Son propuestas muy problemáticas, pues aspiran a imponer un modelo identitario común (el "pacto sobre inmigración") a naciones cuya política es diferente a la francesa, y a controlar el derecho de cada país a decidir su propia política demográfica. En efecto, ¿qué significa "masivo"? ¿Por qué nadie precisa las cifras? ¿Y es que las naciones europeas ya no tienen derecho a incrementar su población cuando lo necesiten mediante las regularizaciones?
Los contenidos de esta directiva europea y el de las propuestas francesas son muy inquietantes. La necesidad de legislar sobre los refugiados solicitantes de asilo y sobre la inmigración ilegal es evidente, pero ¿siempre hay que hacerlo desde una perspectiva únicamente represiva y arbitraria? En cualquier caso, la inmigración continuará. Y la destrucción progresiva del derecho de asilo no solucionará nada.
Desde el Tratado de Maastricht, Europa ha entrado en un ciclo globalmente negativo sobre el asilo. La reducción progresiva de este derecho conduce a restricciones importantes. Uno de los escándalos más inmorales de los últimos años es el caso de los refugiados iraquíes. Desde la invasión de Irak, más de 2,4 millones de personas han abandonado ese país. Entre 2003 y 2007, alrededor de 100.000 iraquíes pidieron asilo político en Europa, de los cuales 40.000 lo hicieron entre 2006 y 2007. ¿Es mucho? Pues bien, Siria, cuyo PIB es mucho más bajo que el de la UE, ha acogido a 1,4 millones de iraquíes.
De hecho, la situación real de Europa y el resto del mundo en materia de acogida o rechazo de los solicitantes de asilo está marcada por una profunda desigualdad: Europa recibe un número de solicitudes de asilo relativamente bajo comparado con los millones de personas que emigran en el interior de África, Asia y las regiones fronterizas con Europa. No hay una "explosión" del número de refugiados propiamente dicha; hay sobre todo un endurecimiento continuo de las reglas de entrada que incrementa objetivamente el número de rechazos y, en consecuencia, el número de "expatriables" en las fronteras. Pero esto no impide a la Unión seguir endureciendo aún más su legislación.

El País , 19 junio 2008

miércoles, 9 de julio de 2008

LA NUEVA SEMANA LABORAL EUROPEA.


IGNACIO SOTELO 09/07/2008

Los ministros de Trabajo de la Unión Europea proponen una directiva comunitaria que permita al trabajador acordar una semana laboral de hasta 60 horas, y en profesiones en las que se hacen guardias, como los médicos o los bomberos, hasta de 65. La conmoción que ha producido la noticia tiene la virtud de mostrar a las claras la situación a la que hemos llegado. Los gobiernos mayoritariamente conservadores de la Europa de los 27, capitaneados por la Italia de Berlusconi y la Francia de Sarkozy, apelan a la libertad del trabajador para permitir que cada cual pacte lo que quiera. Lo verdaderamente grave es que con ello se quiebra uno de los logros históricos del movimiento sindical: la negociación colectiva. El afán de seguir flexibilizando el mercado de trabajo ni siquiera se detiene ante la jornada simbólica de las 48 horas que, tras muchos años de lucha, en las condiciones excepcionales de la guerra, la clase obrera conquistó en 1917.
En los años 60, conocidos como la edad de oro del Estado de bienestar, se estrenó también la Comunidad Económica Europea. Y aunque el artículo 118 del Tratado de Roma reconociera a los entonces seis Estados miembros la competencia exclusiva en política social y laboral, los dos procesos se reforzaron mutuamente, al basarse el Estado social en el crecimiento que potenció la Comunidad.

A la larga, sin embargo, la integración económica europea ha ido creando un marco supraestatal de carácter neoliberal que pone límites muy precisos al Estado social. La UE ha rehusado implantar una política social comunitaria, pero obliga a los socios a que desarrollen la que consideren oportuna dentro de los estrechos márgenes económicos establecidos.

La ampliación al Este ha reforzado aún más la debilidad social de la Unión, al adherirse unos países que han desmontado prácticamente por completo las instituciones sociales provinientes del Estado colectivista.

La política social, incluyendo la lucha contra la pobreza en el sentido más amplio, es responsabilidad de los Estados; la Unión únicamente se encarga de la coordinación de estas políticas, tal como se concretó en el Consejo Europeo de Niza, en diciembre de 2000. Y justamente, las políticas comunitarias que han contribuido al desmontaje del Estado de bienestar explican el distanciamiento de una buena parte de la población. Si hubieran celebrado consultas populares, muchos otros países habrían tenido el mismo resultado negativo que el del referéndum irlandés.

En los años 80 se abrió paso la idea de que la automatización y la informática llevarían en su seno el fin del trabajo asalariado, o al menos lo modificarían de manera sustancial. Así como la mecanización del campo expulsó mucha mano de obra hacia la industria, la automatización la arroja a los servicios. Cada vez se necesitan menos personas empleadas en la producción, y las que quedan se dedican esencialmente a vigilar que un proceso totalmente automatizado transcurra sin incidentes. La industria del acero, y luego la del automóvil, son ejemplos patentes de la eliminación de cientos de miles de puestos de trabajo. Primero la máquina sustituyó al esfuerzo muscular, luego la automatización al trabajo y al final la inteligencia artificial acabará por desalojar a buena parte de los empleados en los servicios.

En lo que atañe a la demanda de mano de obra, lo probable es que las diferencias entre los servicios vayan en aumento, pero casi todos, por no decir todos, antes o después se verán afectados por las nuevas tecnologías. El progreso tecnológico aumenta exponencialmente la productividad, y con ella la riqueza, pero a costa de suprimir puestos de trabajo.

Los que consideran el trabajo como algo cada vez más residual en un mundo totalmente automatizado, en el que los robots terminarán por llevar a cabo hasta las más simples tareas domésticas, se preguntan de qué va a vivir la multitud creciente de desempleados.

¿Acaso cabe un capitalismo sin la díada, antagónica o no, de capital y trabajo? ¿O es el mercado, y no el trabajo, como quiere el marginalismo de la segunda economía clásica, el agente creador de riqueza y, por tanto, cabría un capitalismo en el que el capital no necesitase ya del trabajo ajeno?

Lo paradójico, al menos a primera vista, es que se tolere ampliar la jornada laboral, cuando el pleno empleo ha desaparecido de un horizonte creíble y la preocupación principal se centra en cómo repartir el trabajo y luego la renta nacional para que lo producido por una minoría esté también al alcance de los que se han quedado sin empleo. De lo contrario, el capitalismo se desmoronaría en una enorme crisis de superproducción. En el capitalismo tecnológicamente desarrollado la persona pierde relevancia como trabajador, pero la mantiene, e incluso la aumenta, como consumidor. El capitalismo podría tal vez subsistir sin trabajo asalariado, pero en ningún caso sin consumidores de lo que produce.

La tesis de que con el desarrollo tecnológico alcanzado desaparecerá el trabajo muestra una cierta verosimilitud desde la mera abstracción lógica, pero empíricamente nada se descubre que lleve trazas de que esto vaya a ocurrir en un futuro previsible. A nivel mundial el trabajo asalariado ha aumentado, como corresponde a la expansión de la producción capitalista por todo el planeta. También en los países de la OCDE, pese a que el desempleo se mantenga cerca del 10%, ha crecido la población activa. Entre 1981 y 1997, el empleo aumentó casi un 20%, es decir, una tasa media del 1,06% anual.

El incremento de la población activa se debe tanto a la incorporación de la mujer al mercado laboral, la verdadera revolución del siglo XX, como a la inmigración, que será la del siglo XXI. Lo cierto es que no se han concretado los planes de reparto del trabajo, o se han suprimido allí donde habían comenzado a ponerlos en marcha. Tampoco ha aumentado el tiempo libre para los que aún gozan de un empleo fijo; al contrario, cuanto mayores sean las competencias o las responsabilidades, la jornada laboral muestra también una tendencia a alargarse. Para la mayoría de los asalariados de los países de la OCDE, la llamada flexibilización del mercado de trabajo lo único que les ha traído es mayor precaridad.

Hay que tener muy en cuenta que, de aprobarse, la directiva comunitaria no significará un aumento de la jornada laboral en el conjunto de los sectores productivos. De lo que se trata es de permitir una mayor diferenciación de los horarios y de las jornadas laborales, acorde con las necesidades peculiares de cada rama. Que se atrevan a plantearlo ahora se debe a la escasez de puestos de trabajo, el factor que más debilita a los asalariados y a sus organizaciones.

También conviene insistir en que no tendrá la misma repercusión en todos los socios de la Unión. Los países menos avanzados de la Europa del Este, o aquellos con organizaciones sindicales más débiles, intentarán competir con salarios más bajos -ya lo hacen- y con jornadas laborales más largas, que es lo que ahora se quiere legalizar.


Ignacio Sotelo es catedrático excedente de Sociología.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/nueva/semana/laboral/europea/elpepiopi/20080709elpepiopi_4/Tes