martes, 22 de julio de 2008

DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA A LA EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD.

De la Educación para la ciudadanía a la Educación para la solidaridad.

Juan Pablo García Maestro .Teólogo, trinitario, profesor del
Instituto Superior de Pastoral de Madrid.


Desde una lectura cristiana sobre la educación creo que lo primero que pediría es recuperar la memoria filosófica, cada vez más olvidada o deformada por los centros docentes, la industria de la cultura y los “mass media”.


Pienso que el exilio de la filosofía significa el exilio de la verdad en su acepción integral;afecta por ello directa o indirectamente al ámbito de la política y la historia real en su conjunto. Sin una filosofía al servicio de la verdad todo lo demás está condenado a convertirse en mentira. Desestimar o ignorar la enseñanza filosófica es el primer paso hacia la pérdida de la conciencia crítica, sin la cual el hombre se convierte inevitablemente en un ser alienado y, por tanto, en un uguete del poder establecido.

Creo que el estudio de la filosofía es indispensable para la formación humana,intelectual,moral y espiritual de la persona.


Actualmente, y ya desde hace tiempo, el papel de los políticos en la educación es fatal,porque en términos generales están al servicio de la publicidad, del consumismo, del entretenimiento banal y del embrutecimiento ético, en vez de promover valores humanos y culturales.


Lo que el discurso dominante llama globalización es una deformación del concepto clásico de universalidad y una maniobra semántica para encubrir la hegemonía que el Imperio Norte ejerce sobre los países del Tercer Mundo. ¿Está dispuesta la Iglesia a denunciar esta realidad? ¿Prepara el Estado para que los ciudadanos sean críticos contra la actitud que toman los poderosos con los países pobres?

Pretender un Estado confesional o teocrático es un anacronismo, sea en su versión judía, cristiana, musulmana o de cualquier otra religión, por la sencilla razón de que atenta contra la libertad de las personas agnósticas o ateas. Pero, por los mismos motivos, considero que el Estado no debe poner trabas al ejercicio de la fe religiosa. No haberse atenido a este mutuo respeto y tolerancia ha costado muchas tragedias a nuestro país.

Desgraciadamente, hoy predomina la antropofobia y no la antropofilia. Y a este proceso de deshumanización pertenece, en lugar destacado, el auge cada vez más brutal de lo que el filósofo alemán Max Horkheimer denominaba “imperialismo del yo”.


Dicho esto, empezaré diciendo que el concepto de ciudadanía me parece demasiado abstracto, superficial y ambiguo para impartir a la juventud una educación digna de este nombre. Tiene además una clara connotación burguesa, que es la clase que acuñó el término. A mí me suena a despotismo ilustrado. Personalmente me gustaría que en vez de hablarse de “Educación para la ciudadanía” se hablase de Educación para la solidaridad o igualdad social.


Me llama la atención que desde hace muchos años no se haya implantado un sistema de enseñanza que esté pensado para un proyecto largo de duración. En menos de tres décadas se ha cambiado en nuestro país tres veces de sistema educativo. Estoy en desacuerdo que la enseñanza esté en manos de los partidos políticos de turno que nos gobiernan, según quien gane las elecciones. La enseñanza actualmente está muy politizada,y en ella se intenta imponer el sistema ideológico de turno. Se debería buscar una educación integral, que ayude a las nuevas generaciones a pensar por sí mismas, a saber hacerse preguntas, y a dar respuestas a las grandes cuestiones existenciales.Me niego a que los demás sean los que piensen por ellos. Ni los padres, ni la Iglesia, ni el partido de turno han de ser los que anden dando directrices de cómo tenemos que pensar. Aunque sí estoy de acuerdo en que la educación es siempre un ejercicio de polifonía. Es decir, que la tarea de la educación es sólo viable si se fomentan alianzas entre la escuela, la familia, los movimientos sociales, las parroquias, los vecinos…


Más positivo y eficaz sería dejar en manos de un grupo de intelectuales la preparación y presentación un sistema educativo que durase bastantes años. En ese sistema se buscaría una educación que ayude a la realización de la persona, en la que se prepare para que los que elijen su futuro no sea sólo para vivir bien, como un ciudadano aburguesado, sino que se sienta realizado con el trabajo que ha elegido. Hoy nos forman en una mentalidad muy utilitarista y no tanto para realizarnos como personas. Por eso, el sistema educativo ideal es el que potencie las asignaturas de humanidades. Anteriormente he mencionado la filosofía, pero también la religión, la literatura, la historia y las lenguas clásicas (latín y griego). Hoy la gente padece de una falta de dominio del lenguaje. Todo ello porque se lee poca literatura y porque se desconocen la raíces de nuestra lengua. Los jóvenes manejan el sistema de mensajes que envían con los móviles y que luego lo proyectan en la redacción de los exámenes y los trabajos. De seguir así, terminaremos matando el lenguaje.


También la Iglesia ha entrado en este debate sobre la Educación para la Ciudadanía, pero desde mi punto de vista de una forma muy beligerante y con cierto tono apocalíptico. Se han hecho declaraciones en la que demostramos no saber en qué sociedad vivimos y, sobre todo, de que no estamos exentos del peligro de lo que nosotros mismos criticamos, es decir, de ideología.


Si la Iglesia pretende que no se margine la religión,me parece muy bien que lo haga. Pero examinemos bien qué tipo de religión queremos impartir en las aulas. Me causa tristeza, y a veces dolor, la mentalidad política de muchos seglares, religiosos/as, clérigos, obispos muy afín a los partidos más conservadores. Muchos del gremio, sólo escuchan la COPE, o leen la prensa más a fin a los partidos de derechas. ¿No es esto también demagogia? Y mucho de esa mentalidad se transmite en nuestros discursos.


El filósofo español Reyes Mate publicó el 1 de julio de 2007 un artículo que llevaba como título “Creyentes y ciudadanos” en el que escribía lo siguiente: “Se equivoca gravemente la Iglesia española si mide su presencia social por el eco que encuentra en un partido político. Ese eco es ruido y la triste verdad es que cada vez interesa menos su discurso a los creyentes, también a los de ese partido, y al conjunto de la sociedad española. Es verdad que no corren tiempos favorables a la lírica, pero se echa de menos una voz que despierte lo mejor de una tradición tan fecunda como la cristiana que es algo más que familia y sexo”.


Creo que despertar lo mejor de nuestra tradición significa apostar por una educación para la igualdad y la solidaridad. Una solidaridad que vaya más allá de una entalidad en donde se cree que sólo la felicidad consiste en comprar el último modelo de móvil, o el último ordenador que han inventado los americanos o japoneses. Esta es la alternativa que también se debería presentar desde la laicidad. Pero creo que es pedir demasiado a unos y a otros.



Revista Educar(Nos),nº 39.

domingo, 20 de julio de 2008

A. Domingo Moratalla habla sobre Educación para la Ciudadanía.


Entrevista a Agustín Domingo Moratalla

Profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia
Emitida por el programa “Últimas Preguntas” [TVE]

María Ángeles Fernández: Estamos ya muy próximos al verano, a las vacaciones de verano, pero tenemos que pensar, y ahora me dirijo de un modo más especial a los padres de familia, en el curso que viene.Un curso que se presenta con algunas novedades, entre ellas, esa materia o asignatura, ahora lo veremos,que ha sido muy polémica en los últimos meses: la Educación para la Ciudadanía. Nosotros hoy queremos saber qué es la “educación para la ciudadanía”, qué contenidos tiene esta materia, por qué ha generado tanta controversia... Pues, a quién mejor que preguntárselo que a quien hoy nos acompaña, él es don Agustín Domingo Moratalla, es profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia, ha participado en numerosas conferencias, ponencias, encuentros, congresos... hablando, entre otros, de este tema, de la Educación para la Ciudadanía. Que, además, ha plasmado muchas de estas cosas que ahora nos va a contar en este libro: “Ciudadanía, religión y educación moral. El valor de la libertad religiosa en el espacio público educativo”.Mi primera pregunta, para situarnos un poco, ¿qué es la Educación para la Ciudadanía?

Agustín Domingo Moratalla: La Educación para la Ciudadanía es una propuesta que hace la nueva Ley Educativa, que ya está en vigor, y -tal como aparece en el preámbulo de la Ley- es una materia, un área de conocimiento y un espacio de reflexión. Creo que debería haberse precisado muchísimo mejor si es sólo una materia, si es un área de conocimiento o si es un espacio de reflexión... Hay que tener en cuenta que el de la ciudadanía es un tema muy complicado y se presta a lo que podríamos llamar la ideologización del sistema educativo.

Este ha sido uno de los puntos que más polémica ha generado. ¿De qué modo se va a aplicar?, ¿a modo de asignatura?, ¿dentro del horario escolar va a haber unas horas dedicadas expresamente a Educación para la Ciudadanía?, ¿va a ser una de esas asignaturas que antes se llamaban transversales, como Educación en Valores...?

Precisamente, la Educación para la Ciudadanía surge como respuesta a las Insuficiencias que en la LOGSE había respecto a la Educación en Valores. Una de las deficiencias fundamentales de la LOGSE fue el entender la Educación en Valores como algo transversal en todo el currículum. Es decir, que desde las matemáticas, la lengua, la historia y todas las materias, los profesores educaban a los alumnos en valores. La tolerancia, el respeto, la justicia, la igualdad... eran valores fundamentales en todas las materias del currículum.

Los expertos en teoría de la educación consideran que es necesario un espacio de reflexión, una materia,un tiempo dentro del currículum educativo para reflexionar explícitamente sobre cuestiones que tienen que ver con valores fundamentales. Y no sólo con valores fundamentales, sino con lo que podríamos llamar virtudes y lo que tiene que ver con la convivencia. Una de las respuestas fundamentales a la crisis de la LOGSE y al fracaso de la transversalidad de la educación en valores es la sistematización y organización de una nueva materia, de una nueva área de reflexión para todo el currículum... la llamada Educación para la Ciudadanía. Está en Infantil, está en Primaria, está en Secundaria y va a estar en todo el currículum.

Ahora los valores estarán presentes en el currículum educativo pero tendrán un espacio, un área y una materia propia, pero... no sólo como valores, no sólo como virtudes, sino como profundización en lo qué es la ciudadanía, con sus dimensiones legal, política, social y, también, moral.

Planteado así, yo me pregunto ¿por qué ha generado tanta polémica? Suena bien.

En realidad, la propuesta de introducir en un currículum educativo la asignatura es loable y plausible. Ahora bien, no ha sido la mejor forma de introducirla. Lo que ha generado polémica no es el que aparezca una asignatura que se llame “Educación para la Ciudadanía”; lo que está generando la polémica -y esta no ha hecho más que empezar- es la forma en la que el Gobierno ha puesto en marcha esta asignatura, que, repetimos, está planteada como algo mucho más que eso y tiene la dudosa calificación de “área” y “espacio de reflexión”. No es una puesta en marcha o una aplicación inocente o aséptica desde el punto de vista “epistemológico” de la materia.

Detrás hay toda una mentalidad a la que responde esta asignatura, hay toda una cosmovisión a la cual responde la aplicación de esta materia y muchas veces no es tanto la materia cuanto la cosmovisión o la mentalidad desde la cual la materia se promueve.

Y, ¿cuál es esa mentalidad?

Teóricamente, podríamos decir que la mentalidad -desde la que los redactores de la LOE y la Educación para la Ciudadanía han hecho la propuesta- es, desde mi punto de vista, fundamentalmente laicista y beligerante las fuentes morales de la ciudadanía. En realidad, la Educación para la Ciudadanía, tal como está planteada, está presentada como una reflexión sobre las leyes que rigen el sistema democrático y, en general, son, lo que podríamos llamar, una cultura de la legalidad. Ahora bien, la pregunta fundamental que tendríamos que hacernos es... “y ¿por qué es bueno cumplir las leyes y no sólo cumplirlas en si mismo?”, ¿dónde queda la dimensión social, política y moral de la ciudadanía?

La Educación para la Ciudadanía se está planteando como una materia en la que se identifica ciudadanía con legalidad, con conocimiento de la legalidad... y hay un olvido de las razones morales, religiosas o estéticas -por llamarlo de alguna manera- por las cuales es bueno ser ciudadano. Se ha sustraído a la comunidad educativa las razones, los motivos por los cuales hay que ser buen ciudadano o mal ciudadano. Por eso se trata de una tendencia a realizar apología de lo políticamente correcto.

Nuestros alumnos, nuestros hijos van a estudiar leyes, van a estudiar, lo que podríamos llamar el ordenamiento constitucional, pero no se les va a decir porqué, no se les va a explicar cuáles son las fuentes. El problema fundamental está ahí: no se atiende a lo que sería el origen ético del derecho en la cultura de la legalidad.

Y luego hay otro problema muy importante en la Educación para la Ciudadanía: el riesgo de adoctrinamiento de una asignatura donde, en realidad, cuando se realiza desde un planteamiento laicista, desde un planteamiento beligerante con las fuentes y las tradiciones morales se corre el peligro de plantearse cómo única y exclusivamente el aprendizaje de un conjunto de leyes. Tenemos la garantía de que son las leyes de la Constitución y el programa, tal y como está, parece que va a ir en esa dirección, pero hay serias dudas de que en su aplicación concreta vaya por ahí. No tenemos más que analizar los documentos elaborados por el PSOE para descubrir la estrecha relación que han entre esta materia y la vuelta a la legitimidad de la segunda república, como indica el documento que el pasado año elaboraron con ocasión del aniversario de la Constitución.

El pasado mes de noviembre -creo recordar- la Conferencia Episcopal organizó unas jornadas sobre Educación para la Ciudadanía, en las que usted participó. Han sido muchos los obispos españoles que, de un modo particular en sus diócesis se han manifestado. También la Conferencia Episcopal se ha manifestado llamando la atención sobre esta nueva materia o sobre esta nueva área de conocimientos. ¿Qué pasa? ¿No conocemos realmente todo lo que puede albergar esa asignatura? ¿Tan en contra está de los principios cristianos que los obispos están llamando la atención de esta manera?

Son muchas las cuestiones que planteas en tu intervención y la reflexión se ha realizado no sólo por parte de la Conferencia Episcopal, sino también desde sectores como el Foro de la Familia, o la propia CONCAPA. La cuestión es muy amplia. Vamos a intentar centrarla en algunas cuestiones.

En primer lugar, es preocupante que el titular del derecho a la educación sea el Estado. Quienes pensamos que el titular del derecho a la educación no es el Estado, sino que son las familias tenemos que estar atentos y preocupados respecto a los Proyectos de Ley y asignaturas que pongan en cuestión que esta titularidad del derecho.

En segundo lugar la ciudadanía es un tema muy amplio, y en cierta medida, pueden entenderse como un “cajón de sastre” en el que caben muchas cosas. Por tanto es normal esa preocupación de la sociedad en general y, de manera especial, por parte de los obispos, de CONCAPA o del Foro de la Familia. ¿Por qué? Porque fundamentalmente hay un olvido de las fuentes religiosas como fuentes de ciudadanía. Creo que el acierto de las reflexiones que se han producido y el éxito que hayan podido tener de cara a la opinión pública no está tanto en el enfrentamiento a un proyecto de ley... como en llamar la atención a la sociedad de que: primero, el titular del derecho a la educación son los padres; y segundo, -y aquí hay una cuestión fundamental- que las condiciones religiosas son fuente de vida moral y, por tanto, fuente de ciudadanía.

Los obispos, en este caso, están defendiendo, primero, la libertad religiosa; segundo, la libertad de conciencia; y, tercero, lo que podríamos llamar, el hecho de que para construir ciudadanía y para motivar a los ciudadanos a participar en la vida pública, para practicar las virtudes cívicas, una de las fuentes es la religiosa.

En el proyecto, en el desarrollo de la Educación para la Ciudadanía se corre el peligro de olvidar -o dejar de lado- las fuentes religiosas o las tradiciones morales que tienen una vinculación religiosa de cara a explicar, lo que podríamos llamar, la motivación para la ciudadanía. Ahí es donde está el problema. Ciertamente estamos de acuerdo en muchas cosas y podemos encontrar un programa donde se recoja este acuerdo de mínimos de ciudadanía, pero no se puede excluir la legitimidad de los máximos en reflexión sobre los mínimos. Para evitar problemas, conflictos y reflexiones incómodas se dejan de lado las tradiciones religiosas, como si no por el hecho mismo de ser tradiciones religiosas fueran dogmáticas y tuvieran que restringirse a la vida privada.

Hay otra cuestión importante. Los obispos están preocupados por el analfabetismo religioso de los jóvenes. Cuando por parte del sistema educativo no hay la mínima intención o pretensión de formar en cultura religiosa, entonces el sistema educativo promueve generaciones enteras de analfabetos en una dimensión importante de la vida y la cultura. En este sentido, el documento que en febrero la Conferencia Episcopal preparó, mostrando sus preocupaciones, no sólo sobre Educación para la Ciudadanía sino sobre el sistema educativo en general, elabora una serie de reflexiones que llaman la atención sobre esta tendencia cultural y educativa. Los obispos llaman la atención para que la administración educativa y la sociedad en general se de cuenta de que hay lugares de nuestro territorio donde los alumnos no van a poder elegir y se cortará de raíz cualquier conocimiento, estimación y valoración de lo que supone la dimensión religiosa de la vida.

Los colegios donde la Educación para la Ciudadanía no sea planteada de manera abierta o en diálogo con las distintas tradiciones religiosas correrán el peligro de promover generaciones enteras de estudiantes que van a desconocer elementos estructurales de la cultura.

Debemos estar atentos y, sobre todo, motivar a los padres para que asuman con mayor responsabilidad la tarea de llevar adelante una ciudadanía crítica reflexiva. Es interesante observar cómo esta polémica está consiguiendo que muchos padres se sitúen ante sus responsabilidades y descubran hasta qué punto se habían desentendido de sus obligaciones en la educación moral de sus hijos. Ahora se plantean muchos cómo distribuir esas obligaciones con la escuela y se preguntan en qué medida la escuela completa la formación familiar, la pone en cuestión para hacerla socialmente más creíble o la pone en cuestión para destruirla.

Nos hablaba del derecho que tienen que ejercer los padres, que tienen que elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. En el momento actual, en nuestro país... ¿esto está garantizado?

En general, hoy los padres no pueden elegir el colegio que desean para sus hijos, y la prueba está en el elevado número de familias que se quedan sin plaza en determinados colegios concertados e incluso públicos con determinadas características. Es difícil encontrar un sistema justo pero lo que está claro es que el sistema debe revisarse en orden a mejorar su equidad, su eficiencia y, sobre todo, sus posibilidades de garantizar la libertad de elección de las familias. Hoy asistimos a una deriva estatalista, excesivamente administrativista de la educación. Faltan espacios para la libertad de educación, espacios para que los padres podamos elegir el colegio que queramos y, sobre todo, falta una cultura de la responsabilidad de los padres respecto al colegio que queremos para nuestros hijos. La asignatura de Educación para la Ciudadanía está incentivando a las familias para que también conozcan el complejo aprendizaje de sus responsabilidades ciudadanas. Sin pretenderlo, el Ministerio está promoviendo ejercicios prácticos de ciudadanía familiar, y cuando se reacciona a ellos descubrimos dónde está cada cual, quiénes defienden planteamientos positivistas y legalistas, quienes defienden planteamientos críticos y iuspositivistas, y quiénes se desentienden de estos ejercicios de responsabilidad.

Y en el caso de que, una vez que los padres vean cómo se plasma esta Educación para la Ciudadanía en el colegio que han elegido, si es que han podido elegir ese colegio, si no están de acuerdo con ese planteamiento, con ese o con el planteamiento de cualquier otra asignatura... ¿qué pueden hacer los padres, por un lado, y los profesores? ¿Puede haber, incluso, un enfrentamiento o un conflicto entre la materia que hay que impartir y el orden moral de cada uno?

Hay toda una campaña de promoción de objeción de conciencia respecto a esta materia que está empezando y se está desarrollando. Hay argumentos consistentes y sólidos para promover una objeción de conciencia a la Educación para la Ciudadanía, tal y como está planteada en este momento.

Ahora bien, el ejercicio de este derecho -sea en el campo educativo o sea en cualquier campo- requiere un ejercicio de la responsabilidad, no sólo del alumno, sino de la familia. Los padres que estén dispuestos a defender sus principios y sus convicciones religiosas con respecto a esta asignatura no pueden estar solos. Tiene que saber que desde el Foro de la Familia, desde CONCAPA y desde otras asociaciones, tiene información y se les apoyará.

Esta es una tarea complicada donde, el que esté dispuesto a hacerlo, debe saber que se va a encontrar con numerosos problemas: desde el director del instituto, desde el inspector de zona o desde la propia comunidad autónoma le pueden a hacer la vida imposible por haber objetado. Aquí hay un problema estructural, y la gente tiene que armarse de moral para poder enfrentar este tipo de tarea. Dependerá, en muchos casos, del centro educativo, del profesor y la vigilancia o resistencia que hagan las familias.Cuando 10 familias objetan los padres tienen un problema, cuando son 100 familias lo tiene la inspección educativa y cuando son 1000 o más, entonces el problema lo tienen en el Ministerio.

Hay un elemento estructural que no reside sólo en la materia “Educación para la Ciudadanía”. El elemento estructural es una ley excesivamente estatalista, administrativista, que no garantiza la libre formación en cultura religiosa. Una ley que generará -igual que pasó en la LOGSE- dentro de unos años analfabetos religiosos, que, en la vida civil, no van a tener argumentos para poder defender su convicciones religiosas y convicciones morales como fuentes de ciudadanía. No van a poder establecer argumentos para defender que los derechos humanos o que la lucha por la justicia social están relacionados con fuentes morales y con tradiciones religiosas.

Y, una última cuestión que no tiene que ver con la Educación para la Ciudadanía, como asignatura o como materia... pero sí con la práctica, es decir, ciudadanos que sepamos convivir. Uno de los espacios donde se aprende a convivir es, desde luego, la escuela. Sin embargo, nos estamos dando cuenta de que cada vez hay más agresiones -o, al menos, se denuncian más agresiones- hay más problemas, los profesores se quejan de que han perdido autoridad... ¿Qué va a pasar con la práctica o qué está pasando en la práctica?

En la práctica hay dos niveles. Por un lado, el nivel de escándalo con que los medios de comunicación alarman innecesariamente respecto a situaciones. El hecho de que haya una situación puntual de agresividad o violencia en un determinado centro exige un tratamiento concreto y responde a un problema muy localizado, que ha sucedido en otros momentos y que seguirá sucediendo en los contextos educativos.

El tema preocupante en este caso es el hecho de que los profesores estén desmoralizados, el hecho de que la actual ley educativa que se ha promovido, no fomenta el espíritu de respeto al profesor y no supone para nada una confianza en la autoridad del maestro. Mientras no se aborde la confianza en el profesorado; mientras no se dignifique la tarea del profesorado; mientras no se crea que la tarea educativa es una tarea que tiene que ver con la responsabilidad y con el ejercicio de la autoridad en un espacio educativo y en un espacio “público” educativo como el de la escuela, entonces cualquier ley educativa estará condenada al fracaso. La escuela no puede ser la única institución que resuelva los problemas de la violencia que tienen planteados esta sociedad, pero sí tiene que ser un espacio público donde se respeten los aprendizajes, se disfrute con las tareas educativas y se desarrolle toda una cultura de la autoridad moral, el esfuerzo y la exigencia que deberíamos reinventar.

Entonces, ¿cómo aplicarlo y cómo desarrollarlo en el nivel cotidiano? En primer lugar, con la participación e implicación de los padres. En segundo lugar, denunciando cualquier violación de derechos, teniendo en cuenta que el titular de la educación, en este caso, son los padres. La educación democrática no es aquella donde la administración se convierte en familia, sino aquella donde las familias dialogan con las administraciones para promover valores comunes con la finalidad de que los ciudadanos puedan descubrir el valor de la responsabilidad y luchar contra todas las formas de despotismo.

En el tema de la violencia lo más peligroso es el silencio, el autoengaño y la hipocresía. Es fundamental que a la menor situación de acoso, de agresividad o de conducta patológicamente violenta utilicemos todos los recursos educativos posibles. La comunidad educativa no puede promover una cultura de la impunidad ante este tipo de conducta y hacen falta medidas disciplinares ejercidas por todos, no sólo por los maestros o las autoridades educativas, sino por los padres, por los vecinos y por toda la comunidad.En cualquier caso, es deseable trabajar en clave preventiva e ilusionar a unas comunidades educativas que en lugar de estar enfrentándose por el asunto de la ciudadanía estuvieran construyéndola codo con codo. La confianza en el profesorado y la promoción de su autoestima son elementos estructurales que completan la responsabilidad prioritaria de las familias en una verdadera educación para la ciudadanía.

SOCIALISMO Y CLONACIÓN.


AGUSTIN DOMINDO MORATALLA.


Don Agustín Domingo Moratalla, profesor de Filosofía del Derecho, Moral y Política, de la Universidad de Valencia, explica las diferentes actitudes de los grupos políticos tras el anuncio de las primeras clonaciones humanas en Corea del Sur. Para el autor, los socialistas deberían sustituir el principio de utilidad por el de responsabilidad en materia de reproducción asistida

....................................................................................


Cuando, el pasado 13 de febrero, los científicos surcoreanos Woo Suk Hwang y Shin Yong Mon anunciaron que habían conseguido aislar células madres de embriones humanos creados por clonación, desconocían la relevancia de esa fecha en la historia de la ética y la política occidental. Ese día conmemorábamos el bicentenario de la muerte de Inmanuel Kant, quien, con las diferentes formulaciones de su imperativo categórico, dejó bien claro que todos los seres humanos merecen ser tratados como personas, es decir, son fines-en-sí mismos y nunca medios. Esta coincidencia de acontecimientos no puede pasar desapercibida en una opinión pública internacional, donde aún no hay unanimidad para regular este tipo de experimentos, porque está en juego la dignidad de las actuales y futuras generaciones.

Es una pena que en el actual contexto preelectoral tendamos a simplificar los problemas y emitir juicios poco matizados en temas tan complejos. Ya conocemos el juicio de la Conferencia Episcopal que –con toda legitimidad– se ha mostrado contraria a cualquier manipulación, instrumentalización o industrialización de células madre embrionarias, como la que se realiza en los laboratorios cuando no se respeta la dignidad de todo el proceso de la vida humana desde el primer momento de la fecundación. También conocemos el juicio del PP, y no tanto por las precipitadas declaraciones que sus líderes hayan realizado, sino por la exposición de motivos de la reciente ley 45/2003, de 21 de noviembre, que modifica la anterior legislación sobre técnicas de reproducción asistida, promulgada en 1988 durante el Gobierno socialista.

Se podrá estar o no de acuerdo con la posición del PP cuando Javier Arenas o Ana Pastor reclaman prudencia, cautela y evaluación sosegada de estos revolucionarios avances. Se podrá discrepar abiertamente de ellos cuando en sus arrebatos electorales afirman: «¡De entrada, no!», incluso se podrá llegar a decir de ellos que son excesivamente cautelosos porque en la legislación publicada el pasado mes de noviembre establecen límites y restricciones a la investigación con células madre.

Los socialistas han tenido una ocasión de oro para dar un giro importante a su trayectoria ideológica y convencer a su electorado para que sepa de una vez que, en estos temas, les preocupa más la responsabilidad que la utilidad. En el anterior debate parlamentario sobre estas técnicas, proponían una enmienda que suprimía todas las trabas a los tratamientos, dejando en manos del médico y la pareja la elección del número de óvulos que se fecundan y embriones que se implantan. Ahora se siguen dejando llevar por el ciego utilitarismo más optimista, que no impone ninguna restricción llegando a decir el candidato ZP algo así como: «¿Clonación?, ¡de entrada, sí!» Aunque es probable que la mayoría de los españoles estén de acuerdo con esta ingenua respuesta, no está del todo claro que apoyarán una legislación biomédica que se deje arrastrar por argumentos de utilidad y no de responsabilidad.

Aquí el socialismo español tiene deberes pendientes y sabe que su historia está llena de contradicciones. El optimismo ciego que ha mostrado ZP afirmando que se trata de un gran avance, sin ni siquiera haberse esperado para leer con detalle la publicación, demuestra una precipitación de principiante. Además, en estos temas, al Gobierno se le podrán achacar otros defectos, pero nunca los de dar la espalda al progreso científico, o imponer su moral.

Los políticos no sólo están obligados a tener convicciones cuando se presentan a las elecciones, sino a ponerlas en juego cuando gobiernan. En los últimos años, el Gobierno también podía haberse dejado seducir por los argumentos de utilidad científica o conveniencia socio-política, pero se ha orientado por el único principio con el que hoy cabe enfrentarse al desafío de la clonación: el principio de responsabilidad. Por eso no sólo cambió la legislación para aplicar las recomendaciones elaboradas por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida y el Comité Asesor de Ética de la Ciencia y la Tecnología, sino que pondrá en marcha del Centro Nacional de Transplantes y Medicina Regenerativa.

Los socialistas no deberían perder esta oportunidad de subirse al tren de la responsabilidad y darle la espalda al ciego principio de utilidad. Si estuvieran más atentos a Kant, se habrían dado cuenta que el principio de utilidad nunca es el camino más fácil para abanderar el verdadero progreso, la investigación biomédica más creíble y la razonable esperanza de un futuro mejor para miles de enfermos.

En estos temas, las expectativas que tienen los enfermos en la investigación para luchar contra el sufrimiento, y las esperanzas que todos tenemos para mejorar la calidad de vida, no aumentan cuando todos nos dejamos llevar por la aparente e inmediata utilidad de estas investigaciones. El principio de responsabilidad no sólo obliga a los investigadores para seguir experimentando con cautela, sino a los representantes políticos para rectificar cuando, en lugar de comprometerse con lo justo, se comprometen con lo conveniente.

Agustín Domingo Moratalla



Grupo Correo, 14 de febrero de 2004

LAS TRAMPAS DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.


AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA.

Una de las cuestiones más polémicas e importantes del nuevo curso escolar será la preparación del área, materia o grupo de asignaturas que aparecen con el nombre de Educación para la ciudadanía. Será polémica no sólo porque roza la constitucionalidad o porque algunas asociaciones y grupos de profesionales avalarán la objeción de conciencia de los padres para que no sea recibida por sus hijos cuando se implante el próximo curso 2007-2008, sino porque es todo un símbolo de una política educativa intervencionista.

Quienes conocen los procesos de negociación iniciados para elaborar el programa de esto que ni es área, ni es materia, ni es asignatura sino espacio de reflexión (así consta cuando se aprobó en el BOE el 4 de Mayo de 2006, página 17163) saben que se ha tenido que dar marcha atrás a sucesivos borradores de programa porque alguna de las organizaciones convocadas para elaborarlos ha denunciado el intervencionismo. Cuando veamos el programa definitivo y lo comparemos con el que se distribuyó antes de las reuniones del 4 de Abril o 6 de Junio pasado, comprobaremos que se habrán introducido ciertas correcciones, que en educación no se consiguen cuando se convocan procesos de negociación para diseñar los programas, sino cuando se quiere una sociedad abierta.

Por cierto, el hecho de iniciar un proceso de negociación para diseñar esta materia se quedaría en una anécdota si no fuera por el imaginario ideológico que esconde. Si este espacio de reflexión es tan importante como se afirma, ¿por qué someter a negociación el programa?,¿algún padre entendería que el programa de Matemáticas se negociara con los aficionados al sudoku, o que el programa de Lengua se negociara con los lectores del Código da Vinci? El hecho de manifestar interés en un programa no es razón suficiente para intervenir en su redacción, y menos aún en un tema tan serio.

Aunque al Gobierno no le haya quedado más remedio que ceder en este proceso y presentarse ante la opinión pública con el pedigree de la negociación, los impulsores de este espacio de reflexión han lanzado varias trampas a la opinión pública para que su crítica o cuestionamiento pueda deslegitimarse fácilmente como expresión de una mentalidad reaccionaria, cavernícola y antimoderna.

En primer lugar nos encontramos con la trampa del derecho comunitario y la aplicación de lo que supuso el año 2005 como Año Europeo de la Educación para la Ciudadanía Activa. La administración nos recuerda que todos los países de nuestro entorno tienen este espacio de reflexión, pero no nos dice las competencias educativas que incluye, cómo se determinan y el papel activo que en algunos países desempeñan, por ejemplo, las comunidades religiosas. En EE.UU y Europa no hay un único modelo y, para sorpresa de muchos, en esa materia no sólo se enseñan valores sino virtudes tan importantes como la cohesión nacional, el patriotismo o el diálogo interreligioso. ¿Por qué no aparecen en los borradores? ¿Por qué no se busca un acuerdo sobre estas competencias?

Hay una segunda trampa que podríamos llamar la trampa de la modernidad. Quienes se oponen son personas o grupos que no confían en la autonomía de los poderes públicos y están tutelados por intereses poco claros, poco ilustrados y poco modernos. El talismán de la ciudadanía se ha convertido en el talismán de la modernidad, como si hubiera sólo una forma de entender la modernidad y como si las anteriores leyes educativas hubieran generado súbditos y no ciudadanos.

La tercera trampa es una derivación de la segunda y se nos presenta como la trampa del pluralismo. Por fin aparece una administración educativa defensora de la pluralidad, de la diversidad y de la heterogeneidad, por fin contamos con un poder administrativo con capacidad para que la verdad se revele a los alumnos sin que nadie la imponga. Basta leer los criterios de evaluación que aparecen en los borradores para comprobar que se sacrifican la sinceridad, la coherencia, la honestidad y la verdad para garantizar un civismo políticamente correcto (el llamado buenismo). Es curioso comprobar que todo el peso que pierden las materias de Ética y Filosofía en detrimento de la Ciudadanía y los Derechos humanos, lo pierde también el tema de la verdad, como si desde la segunda mitad del siglo XX toda pasión por la verdad no estuviera animada por los Derechos humanos.

También está la trampa de la ética pública, se nos hace creer que ante el fracaso de la transversalidad de la educación en valores que aparecía en la LOGSE, ahora contamos con una verdadera reflexión explícita sobre «los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en el contexto global» (preámbulo LOE). Los padres libertarios o creyentes se presentan bajo la sombra de sus credos respectivos, como si desconocieran la luz del poder político que ha mediado benéfica y parlamentariamente para transformar los bienes públicos en derecho. Es la trampa del positivismo jurídico que confunde ética pública con ética constitucional y que descalifica dogmáticamente como ética privada toda tradición moral que se resiste a identificar lo público con lo político.

Más importante todavía es la trampa del racionalismo mecanicista, como si los padres que se oponen no quisieran que sus hijos ejercieran la razón pública y tuvieran capacidades cognitivas para controlar las emociones o los sentimientos. Quienes se oponen son presentados como ciudadanos sectarios, contrarios a las normas de convivencia y defensores de una educación elitista, aristocrática y antidemocrática. En la escuela, la gestión convivencial de los sentimientos no es un problema mecánico que se arregla con leyes, normas y pactos, como si el simple conocimiento de los derechos garantizase una convivencia armónica.

Aunque habría alguna más, valga la enumeración de estas cinco trampas para evitar la desmoralización de unos padres y profesores que, trabajando por una ciudadanía democrática, desconfían de este mal llamado espacio de reflexión. El debate está abierto y sólo habrá ciudadanía democrática cuando haya, de verdad, juego limpio.