viernes, 19 de diciembre de 2008

OTRO MURO QUE CAE


Otro muro que cae

Por Manuel Jiménez de Parga, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (ABC, 28/05/08):


A finales del siglo XVIII, Thomas Jefferson utilizó una metáfora que hizo fortuna en la doctrina y en la jurisprudencia de Estados Unidos de América: «Un muro de separación entre la Iglesia y el Estado». En la sentencia del caso Reynolds, de 1878, el Tribunal Supremo transcribió unos párrafos del documento de Jefferson donde apareció la famosa frase, pero fue en 1947 (pleito de Everson/Municipio de Ewing) cuando por primera vez los jueces consideran detalladamente la tesis de «una pared divisoria entre la Iglesia y el Estado».

A partir de ese momento, mitad del siglo XX, se reanudó la polémica sobre el valor de la religión en la vida política. Algunos gobernantes europeos han invocado el ejemplo estadounidense, apreciando allí una separación radical de lo religioso y lo político. La metáfora de Jefferson es interpretada como un alegato a favor del Estado laico.

También ha sido leído el texto de Jefferson advirtiendo en él una defensa del Estado aconfesional, sin una Iglesia oficialmente establecida, pero respetuoso de la variedad de sentimientos religiosos que anidan en la sociedad.

La realidad es que en este asunto, como en otros muchos, la visión americana resulta distinta de la que adoptamos en Europa. Anota Guy Haarscher, profesor belga, que frecuentemente se opone el sistema americano a los sistemas europeos, subrayando el carácter más religioso, menos secularizado, de Estados Unidos. Allí, al otro lado del Atlántico, la presencia de Dios se patentiza en cosas tan poco religiosas como pueden ser las monedas (1864) o los billetes de Bancos (de 1964 a 1966). Algunos aseguran que se trata de algo puramente simbólico, pero los símbolos son factores importantes de la buena convivencia.

El juez Waite recordó en la sentencia de 1878, antes citada, el proceso de elaboración de la metáfora de Jefferson. Antes de adoptarse la Constitución de 1787 se intentó en algunas de las Colonias y en ciertos Estados legislar sobre materia religiosa. Se aplicaron impuestos para el sostenimiento de la religión y se prescribieron castigos para los que no asistían a los cultos públicos. Todo esto suscitó controversias que, finalmente, culminaron en Virginia, con un fuerte debate en 1784.

Jefferson presentó una sugerencia para establecer la libertad religiosa, con las siguientes palabras: «Consentir que el magistrado civil se inmiscuya con sus poderes en el terreno de la opinión, para restringir la profesión o propagación de principios de una tendencia supuestamente maligna, es una peligrosa falacia que destruye la libertad religiosa».

Un año después, y encontrándose Jefferson en París como embajador, replicó por escrito a la Asociación Bautista de Danbury, y utilizó la metáfora del muro de separación: «Creo como ustedes -dejó dicho- que la religión es asunto que radica únicamente entre el hombre y su Dios; que no debe rendirse cuentas a nadie de su fe y de su culto; que los poderes legislativos alcanzan sólo a las acciones, y no a las opiniones. Por ello aplaudo que con soberana reverencia que se siga el camino según el cual no debe sancionarse ley alguna respecto al establecimiento de una religión o prohibiendo su libre ejercicio, levantando así un muro de separación entre la Iglesia y el Estado».

A mediados del siglo XX, los intérpretes del «muro» siguen con la polémica. El 21 de noviembre de 1948 los obispos católicos de Estados Unidos hacen una declaración solemne en la que razonan que la metáfora de Jefferson sólo puntualiza que no habrá una Iglesia establecida, ni religión del Estado, pero no es un alegato a favor del laicismo.

Tengo la impresión de que esta versión matizada del «muro de separación» ha ganado puntos con la visita de Benedicto XVI al pueblo norteamericano. El Estado sigue siendo aconfesional, pero en las calles y en las plazas de aquella gran Nación han brotado espectacularmente los sentimientos religiosos. Los testigos del acontecimiento, tanto los periodistas españoles como los de otros lugares, han coincidido al destacar que el Santo Padre fue recibido no como un visitante ilustre, sino como algo más: era el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Y los ciudadanos de la primera potencia mundial han demostrado que la laicidad no es una fórmula atractiva para ellos.

Va a resultar difícil, en lo sucesivo, que los partidarios del laicismo radical invoquen a favor de su postura lo que sucede en Estados Unidos de América. Tampoco será un punto de apoyo la situación presente de Francia. En París se está elaborando la teoría del laicismo flexible, o sea de la aconfesionalidad, en una línea paralela a la seguida por nuestra Constitución de 1978.

Los sentimientos religiosos son ahora el motor de la historia. No la lucha de clases. Basta con acercarse a Oriente Medio, o al Continente asiático, sin olvidarse de las guerras de religión en África. ¿No ha sido significativo que uno de los triunfadores en el festival de Eurovisión, este último fin de semana, representante de un Estado oficialmente laico, llevase una cadena con la cruz cristiana pendiente del cuello que exhibió ostensiblemente con la camisa abierta? El muro de Jefferson ha caído, como hace unos años cayó el muro de Berlín o, más recientemente, el murete de Nicosia.

No se me olvida el día que pude atravesar el muro berlinés. Me encontraba en Berlín occidental invitado por la Universidad Libre para pronunciar una conferencia. Los extranjeros atravesábamos con relativa facilidad al Berlín Este. Mi mujer y yo nos subimos con esta pretensión a un autobús dedicado a ese transporte desde la libertad a la dictadura. Una vez en el Berlín de la República sometida a la URSS nos encontramos con los monumentos grandiosos de la antigua capital de la gran Alemania. Mis maestros, que estudiaron allí al principio de los años cuarenta, me aseguraron que al llegar a París, procedentes de Berlín, tenían la impresión de encontrarse en una ciudad provinciana.

Luego la terrible guerra destructora. Y estos muros que, por fortuna, van desapareciendo, unos político-religiosos, en América, otros esencialmente políticos, en Europa. En Chipre nos acercamos a la línea divisoria de las dos comunidades. Venía con nosotros Lara, que nos advirtió: «Esto de Nicosia, abuelos, no es un muro, sino un murete».

¡Qué felicidad, Dios mío, cuando caigan todos los muros y los muretes de la intransigencia!

LA PRIVATIZACIÓN DE LA VIDA ´PÚBLICA


Por Daniel Innerarity, profesor titular de Filosofía en la Universidad de Zaragoza, autor de El nuevo espacio público (EL PAÍS, 28/01/08):


Qué tienen en común cosas en apariencia tan dispares como la política de Sarkozy en relación con su vida privada, las recientes manifestaciones de los obispos españoles o la personalización de las campañas electorales, reducidas a una cuestión de confianza en la persona de los candidatos? La respuesta a esta adivinanza es: se está modificando el esquema de articulación entre lo privado y lo público al que estábamos acostumbrados. La transparencia de la intimidad de los gobernantes, las celebraciones de la familia y el hogar, la irrupción de la esfera religiosa en el espacio común, la presencia pública de la identidad sexual se han convertido en elementos habituales de nuestro paisaje social y están produciendo una verdadera privatización del espacio público. Hay una especie de invasión de lo privado, de extroversión de lo personal, en los escenarios públicos, un fenómeno que tal vez tenga su primera condición de posibilidad en el vaciamiento del espacio público oficial, banalizado y ritual, incapaz por tanto de ofrecer significaciones comunes con las que puedan identificarse los sujetos.

Se ha producido una modificación del marco de condiciones a partir del cual los temas eran identificados y tratados como privados o públicos. Convicciones personales, creencias, emociones, sentimientos e identidades adquieren preeminencia sobre cualquier otra consideración en el compromiso público de los ciudadanos. Esta privatización del espacio común se hace visible en el mundo de los medios, tanto en el fenómeno de los prominentes que dan a conocer su vida privada, como en el de la gente corriente que se confiesa públicamente en determinados programas televisivos. Los programas informativos hace mucho tiempo que renunciaron a presentar una noticia abstracta y la sustituyeron por una “historia” personal, sin la que al parecer seríamos incapaces de comprender los acontecimientos. Otro efecto de este proceso es la personalización de lo político, es decir, el hecho de que las personas sobresalgan por encima de los temas o estos sean tratados como cuestiones personales. La complejidad de la política y el hecho de que los medios giren en torno a las imágenes conduce a la personificación de los acontecimientos. El “lado humano” de las cuestiones políticas (el carácter, estilo, simpatía, talante, popularidad, credibilidad, confianza de los políticos) adquiere primacía sobre su competencia. En un horizonte de politización escasa, terminamos votando por los atributos personales. Ya no hay diferentes programas económicos, sino Solbes contra Pizarro, es decir, personas o rostros que figuran como generadores de la confianza que ningún programa electoral puede suscitar.

Los temas políticos se transforman en asuntos de imagen, sentimientos y dramas personales; el principal instrumento de la acción política es la emoción, la simulación de autenticidad, los sentimientos personales que se consigue comunicar. Por eso los políticos se muestran tan indignados, escenifican afectación o nos comunican más sus convencimientos que sus decisiones. En otras épocas de mayor densidad ideológica hubiera sido impensable que un político dedicara tanto tiempo a comunicarnos su estado de ánimo y que su grado de optimismo o pesimismo nos pareciera tan relevante.

La otra cara de este proceso es la politización de lo privado, algo que resulta bien patente si advertimos que los grandes problemas públicos son actualmente problemas vinculados a la vida privada. Vivimos en un tiempo en que la misma experiencia privada de tener una identidad personal se ha convertido en una fuerza política de grandes dimensiones. Asuntos que en otras épocas se inscribían más bien en el ámbito privado, que incluso se clausuraban en la intimidad, como el género, la condición sexual, las identidades o la experiencia religiosa, irrumpen en la escena pública con toda su fuerza e inmediatez. La actual campaña presidencial americana es un buen ejemplo de que la política que podríamos llamar abstracta o programática es incapaz de imponerse a la condición personal de los candidatos, cuya raza, género o confesión religiosa sigue siendo decisiva.

Va perdiendo fuerza el principio clásico de que el ámbito de lo tolerable y el ámbito de lo que aprobamos no coinciden. Cualquier ejercicio de distinción entre lo legal y lo moral parece una coartada para el relativismo. Pero convivir en una democracia pluralista requiere haber aprendido a distinguir lo que nos gusta de lo que simplemente soportamos, haber renunciado a erigir nuestras preferencias en norma universal, no confundir el respeto con el reconocimiento o el derecho con el aprecio. Esta distinción es correlativa a la diferencia entre un espacio público y otro privado, cuya demarcación será discutible y puede fluctuar a lo largo de la historia, pero sin la que nos enzarzaríamos en un combate por exigir de otros lo que no tenemos derecho a obtener. Son estas distinciones básicas las que se tambalean ante la extroversión histérica de la intimidad. El primer derecho humano es no estar obligado a gustar a todos. Los derechos de la persona no pueden hacerse valer si no hay un ámbito protegido de la exigencia de justificación por los demás, lo que supone una esfera de privacidad que no es propiamente política. Nos hemos acostumbrado al tópico de que la tolerancia es muy poco, pero no deberíamos olvidar que ese poco es imprescindible.

En nuestras sociedades se reclaman con frecuencia demandas que van más allá de la búsqueda de la justicia social y económica; lo que se exige como derecho político es la felicidad personal, el reconocimiento moral, la gratificación sexual o la salvación del alma. Pero esto es algo que no tiene ningún sentido demandar y que además no es necesario para el desarrollo de la propia identidad. En pleno movimiento por los derechos civiles, Martin Luther King afirmaba: “No pedimos que nos queráis. Sólo os exigimos que dejéis de fastidiarnos”. Formulaba así una idea de respeto igualitario que suponía el reconocimiento de que la acción pública y la intimidad privada tienen diferentes requerimientos. El concepto de espacio público introduce una distinción entre vida pública y experiencia privada que es actualmente oscurecido por el lenguaje terapéutico (plagado de referencias a “sentimientos compartidos” o a la “autoestima”). Tal vez esta confusión se deba a la dificultad de diferenciar los principios del espacio privado y las exigencias del mundo común. Un espacio público bien articulado requiere que haya unas cuestiones sociales que son puestas en el ámbito de la deliberación pública y otras que son protegidas del escrutinio colectivo.

Una ciudadanía democrática no puede desarrollarse allí donde no se ha aprendido a distinguir entre el mero respeto y la aprobación. Si uno no sabe que está obligado a tolerar cosas que no comparte, si se empeña en que sus preferencias deben contar con el beneplácito de todos, entonces se incapacita para vivir en sociedad. En lugar de la convivencia entre diferentes, limitada y condicionada por una perpetua negociación acerca de lo que se muestra y lo que es mejor guardar discretamente, hay quien se obstina en encontrar concesionarios de autoestima, en subrayar histéricamente sus emociones, en publicitar las conquistas amorosas, en desconectar su peculiaridad de la común humanidad, en proteger sus convicciones religiosas bajo un baldaquino social… Todas esas publicitaciones son cosas que no hace ninguna falta tener para sentirse de un lugar, ni para querer a alguien, ni para ordenar los propios afectos o practicar una religión. ¿Por qué entonces nos empeñamos en perseguir tales sanciones públicas? Seguramente porque a través de esa pública aprobación se revela una profunda debilidad de la propia identidad, de los sentimientos o de las convicciones religiosas.

No es posible vivir sin espacios de indiferencia pactada, lo que Goffman llamaba “una desatención educada”. Gracias a ellos aseguramos la principal conquista de nuestra civilización, que no es el cariño mutuo asegurado sino la posibilidad que nos ofrece de convivir e incluso actuar juntos sin la compulsión de ser idénticos.

EL MAQUIAVÉLICO SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL

El maquiavélico sistema electoral español, de Jorge Urdánoz Ganuza en El País
Febrero 16th, 2008


“El sistema electoral español es infinitamente más original de lo que parece a primera vista, y es bastante maquiavélico”. Quien así habla no es ni un desinformado ni un antisistema resentido, es Óscar Alzaga, uno de los padres del propio sistema. Los dos adjetivos que utiliza describen a la perfección la criatura que él y otros miembros de la UCD alumbraron durante la Transición y que todavía perdura.

Su originalidad es tal que los especialistas no acaban de catalogarlo. Aunque la Constitución habla de “representación proporcional”, lo cierto es que las desproporciones en los resultados son de las mayores de la escena internacional. No sólo no se garantiza una proporción más o menos ajustada entre votos y escaños, es que ni siquiera se salvaguarda el mero orden en el que los votantes colocan a los partidos: una formación con menos votos que otra puede conseguir más escaños. Por eso muchos estudiosos del sistema no lo consideran proporcional sino mayoritario atenuado.

Pero un sistema mayoritario se caracteriza por sobrerrepresentar al partido ganador facilitando así que forme gobierno. Y nuestro sistema no siempre beneficia al primer partido: en 2004 las elecciones las ganó el PSOE, pero el más beneficiado fue el PP. Mientras los votantes socialistas recibieron un 3.3% de escaños por encima de lo que hubiera sido proporcional, los populares se vieron agraciados con un 3.7%. De hecho, con el actual empate técnico puede suceder que el PP quede segundo en votos pero primero en escaños, perdiendo y ganando a la vez las elecciones (¡!). Las más elementales leyes de la semántica impiden denominar “mayoritario” a un sistema que posibilita semejante resultado.

Entonces, ¿qué es? Bien, ya se ha dicho: es original. De hecho, lo es tanto que puede afirmarse que su esencia consiste en su inexistencia. El “sistema electoral español” es una construcción meramente verbal que carece de una realidad empírica a la que aplicarse con sentido. Lo que hay son 52 sistemas electorales (50 por provincia más Ceuta y Melilla). Los sistemas en los que se eligen muchos escaños son proporcionales. Los sistemas en los que se eligen 3, 4 o 5 escaños no. La ciencia política suele estimar que estos últimos tienen efectos “mayoritarios”, algo que a mi juicio no merece el noble principio de mayoría. Por eso, si me permiten la licencia, yo les voy a denominar “distorsionantes”. Porque lo que hacen esos sistemas es distorsionar, y por partida doble y superpuesta.

Pensemos en Teruel, con 3 escaños. Un sistema así distorsiona en primer lugar el propio voto de muchos ciudadanos. Un voto útil no es otra cosa que una emisión de preferencias distorsionada: “Yo prefiero A, pero he de votar por B”. Y distorsiona, en segundo lugar, los resultados. Porque el reparto de escaños va a ser prácticamente siempre de 2 a 1 -aunque el partido vencedor lo sea sólo por un voto- y porque todos los votos a terceros partidos se quedan sin representación.

Conviene entonces no claudicar ante la magia de las palabras: no hay “un sistema electoral español”, y es preferible hablar, como empiezan a hacer los especialistas, de “los sistemas electorales para el Congreso”. La imagen mental adecuada no es la de una entidad más o menos unívoca, sino más bien la de una escala. Una escala en la que se sitúan 52 posibilidades y cuyos límites son por un lado la distorsión y por otro la proporcionalidad.

Soria, con 2 diputados, es un extremo de esa escala; Madrid, con 35, es el otro. Y cada provincia se sitúa de acuerdo a su número de escaños. El 62% de los españoles votan en circunscripciones de 10 escaños o menos, por lo que saben que si su primera preferencia no supera aproximadamente el 10% de los votos, su voto será electoralmente inútil. En ellas se impone a fuego el bipartidismo, ya que sólo el PP y el PSOE pueden en la práctica verse representados (o, en su caso, los nacionalistas). En las cinco provincias en las que habita el 38% de españoles restante serían a priori posibles nuevos partidos e iniciativas, pues la proporcionalidad es elevada. Pero recordemos a Alzaga: no sólo original, también maquiavélico.

Como en un taller de alquimia, la escala que acabamos de describir se encuentra salpicada con unas cuantas gotas de sufragio desigual. Las provincias más pequeñas eligen más escaños de los debidos, disfrutando así de un poder de voto mayor. En las últimas generales el precio del escaño basculó desde las 20.000 papeletas de Soria hasta las 100.000 de Madrid. Tenemos así dos escalas que corren paralelas pero en sentido contrario. La primera nos divide en 52 grupos de acuerdo a nuestra mayor o menor proporcionalidad (sistemas electorales diferentes). La segunda nos divide en otros tantos grupos de acuerdo a nuestro mayor o menor poder de voto (sufragio desigual).

Maquiavelo habría tomado apuntes: los electores cuyos votos son fuertes se hallan en los sistemas “distorsionantes” y por tanto presionados para votar útil o, lo que es lo mismo, a los dos grandes; los votantes eximidos de esa losa psicológica son libres, pero sus votos son débiles. En cifras: en Teruel bastan 25.000 votos para alcanzar un escaño, pero es que eso es un 33% de los votantes turolenses y por tanto sólo el PP y el PSOE pueden permitirse tales escaños de saldo. En Madrid un 3% de los votos suponen 3 escaños, pero es que eso equivale nada menos que a 300.000 votantes.

Aunque centrarse sólo en ellos es ya a mi juicio parte del problema, los efectos del entramado son obvios. Por un lado se impone el bipartidismo y se fomenta la polarización, siendo casi imposible que surja un partido de centro que pueda ejercer un factor moderador. Por otro, la única alternativa para pactar la ofrecen los nacionalistas.

¿Qué hacer? La decisión sobre el sistema electoral configura una situación en buena medida excepcional desde el punto de vista de la filosofía política. Nadie defiende, por ejemplo, que sean las empresas las que redacten las leyes anti-monopolio: esa labor ha de corresponder a instituciones que, situadas por encima de ellas, vayan más allá de sus intereses. Pero el sistema electoral lo deciden los partidos y, ¿qué hay por encima de ellos? “La ley y el Estado de Derecho”, se dirá, pero es que la ley y por tanto el derecho son, empezando por la propia Constitución, creaciones suyas.

Si hay otro cuerpo en el Estado que comparte esa situación soberana de los partidos es el militar. El ejército no tiene por encima nada que pueda controlarlo, lo que explica el destacado papel que el honor y la obediencia han desempañado siempre en su código moral: son nuestra única garantía. De ahí que, de la misma manera que la democracia sólo germinó cuando las cúpulas militares interiorizaron de verdad su acatamiento al poder civil, compartieran o no sus designios, la regeneración de la democracia sólo será posible cuando las cúpulas partidistas asuman ciertos principios, convengan o no a sus intereses.

Por eso, a pesar de que de ellos no se escuche ya últimamente ni el más leve susurro, resulta fundamental volver a hablar de principios. Cuando uno lee a los viejos defensores del ideal de la proporcionalidad descubre los valores que la nutren: a los electores les garantiza libertad; a los resultados, justicia. Y cuando uno vuelve a los clásicos de la democracia, recuerda que hay un valor que bajo ningún concepto puede claudicarse: la igualdad del voto. Son las élites de los grandes partidos las que han impedido que esos tres valores sean hoy y ahora una realidad entre nosotros. Llevar los principios al centro del debate y recordar lo que significa “inalienable” es el primer paso para evitar que puedan seguir haciéndolo.

Jorge Urdánoz Ganuza es doctor en Filosofía y Visiting Scholar en la Universidad de Columbia, Nueva York.

BIPARTIDISMO Y DINÁMICA PERVERSA

Bipartidismo y dinámica perversa.

Jorge Urdánoz Ganuza en El País
Abril 1st, 2008


Nuestro peculiar sistema electoral venía arrojando hasta estas elecciones tres divisiones bastante claras: los beneficiados (PP y PSOE), los proporcionalmente representados (nacionalistas periféricos) y los perjudicados (partidos estatales menores). Aunque suele afirmarse que el sistema beneficia a los nacionalismos, tal aseveración es empíricamente falsa. Los nacionalismos se encuentran representados aproximadamente como merecen, y haríamos mal en achacarles a ellos los problemas de nuestro modelo representativo.

A la extendida imagen del nacionalismo bisagra que recibe contraprestaciones desmedidas habría que superponerle otra escena igualmente cierta pero no tan aireada. En ella PP y PSOE primero devoran cualquier alternativa de ámbito español y después se reparten sus escaños. Porque, como ha demostrado el 9-M, es así como se construye la sobrerrepresentación de ambos: a partir de la infrarrepresentación de los ciudadanos que votan IU, UPyD o cualquier otra tentativa de alcance nacional.

Lento pero seguro, el bipartidismo ha acabado por imponerse en todos los rincones no nacionalistas de nuestra geografía. Los partidos estatales que han sobrevivido pagan un precio tan excesivo que carecen de posibilidades de permanencia más allá de lo testimonial y lo meritorio. El grotesco cálculo que permiten los escaños de los seis partidos menores resulta demoledor: de los 17 diputados que suman, los 3 que pertenecen a IU y a UPyD tienen más votos que los otros 14 en su conjunto. ¿Qué expectativas pueden albergar formaciones sometidas a semejante trato?

Hay dos clases de razones para considerar nefasto el panorama que dibuja este nuevo escenario en el que sólo hay ya dos divisiones (PP-PSOE y los nacionalismos). En primer lugar las relativas a la dinámica que arroja sobre nuestro sistema político. Por un lado, los dos grandes únicamente pueden ganar si descalabran al rival.

La recurrente polémica sobre la crispación ha de entenderse en este contexto, porque se trata en buena medida de un comportamiento inducido institucionalmente: PP y PSOE están condenados a enfrentarse. Ambas formaciones luchan en un escenario de tierra quemada en el que cualquier concesión ha de interpretarse siempre como una derrota y un avance del rival. Por otro, sólo el nacionalismo queda en pie para pactar. Se trata de una dinámica intrínsecamente perversa: el país se consume en un enfrentamiento que roza lo cainita y cuyo desenlace va a ser siempre el mismo: el pacto con los nacionalismos.

El segundo tipo de razones se relaciona con la ética democrática y con los valores constitucionales que en teoría nutren nuestro sistema político. La lectura más sencilla de lo que han supuesto las últimas elecciones es esta: para los ciudadanos españoles no nacionalistas el pluralismo ha desaparecido definitivamente de su horizonte de posibilidades. Todos esos millones de ciudadanos son forzados en la práctica a elegir entre un menú a dos, no hay más opciones. Losmecanismos mediante los cua-les se les somete son conocidos: voto desigual y reducción de la libertad de opción merced a la presión del voto útil. El resultado también: injusticias flagrantes en el reparto de escaños.

Treinta años después de que la Constitución viera la luz, los principales valores que sobre el papel la animan -igualdad, libertad, justicia y pluralismo- son para la mayoría de los españoles poco más que retórica barata en lo que a su representación política se refiere.

El bipartidismo y su dinámica se han impuesto de un modo tan arrollador en estas elecciones que, sin modificar el modelo representativo que nos dimos en la Transición, no parece posible otro horizonte. El ideal de la representación proporcional podría solucionar tanto las carencias democráticas básicas como los problemas que arrastra hoy la configuración del poder. No sólo garantizaría la justicia en la representación, motivo ya de por sí suficiente si de verdad se asumen los valores constitucionales; es que, además, la dinámica institucional que previsiblemente desplegaría abundaría en un inmediato beneficio para el funcionamiento de nuestro sistema político.

En cuanto a los valores, sólo hemos de imaginar lo que de modo inmediato supondría la proporcionalidad. Cada ciudadano podría votar por su opción preferida, sin cortapisas de ningún tipo (libertad). Cada voto contaría exactamente lo mismo (igualdad). Cada partido recibiría la proporción de escaños que los ciudadanos, y no las artimañas del sistema electoral, le concedieran (justicia). ¿Hay que decir algo más si de principios se trata? Lo inaudito aquí y ahora es que tales valores se vean todavía en el trance de ser defendidos, porque ni su fundamento ni su idoneidad deberían encontrarse sometidos a discusión ni lesionados en la práctica. No son opciones, son derechos.

Las objeciones que suelen lanzarse contra la proporcionalidad provienen normalmente del lado de la dinámica institucional. Durante la Transición se estimó necesario “corregir” la proporcionalidad para promover la gobernabilidad del frágil sistema constitucional que, tras cuarenta años de oscuridad franquista, iniciaba su andadura. Tal razonamiento carece ya de vigencia. No sólo porque el sistema se ha asentado, sino porque además el tiempo ha invalidado el argumento: con excepción de la de 2000, no hay mayorías absolutas desde 1989. No es que se esté de acuerdo o no, es que no hay caso. Aunque los correctivos a la proporcionalidad se mantienen, los alegados beneficios de tal sacrificio no hacen acto de presencia. En libertad, en igualdad, en justicia y en pluralismo (se dice pronto) los ciudadanos seguimos pagando el precio, pero la recompensa no aparece. En lugar de gobernabilidad recibimos polarización y dependencia periférica.

Si el 90% de españoles no nacionalistas disfrutaran de un sistema proporcional no habría que esperar ninguna explosión de nuevas formaciones, tal y como el ejemplo de Madrid viene a demostrar. Los madrileños votan desde 1977 en un sistema totalmente proporcional con una barrera del 3%, y no se ha producido una debacle a la italiana ni nada parecido. Los cuatro partidos de ámbito nacional que ya hay serían probablemente más que suficientes. Pero el reparto de escaños entre ellos sería justo y los votos emitidos para ellos serían libres. Libres e iguales. Y los pactos posteriores lo serían bien entre ellos, lo que hasta ahora es imposible; bien con los nacionalistas, como hasta ahora. No parece un horizonte demasiado inquietante sino todo lo contrario. En este país ni tenemos sólo dos voces ni los ciudadanos nos merecemos estar condenados a un eterno enfrentamiento entre ellas.

El ideal de la proporcionalidad electoral podría así solucionar tanto los problemas de ética democrática como los de dinámica política. Garantizaría la justicia en la representación y promovería una mayor eficacia institucional. Pero quienes han de tomar nota de ello son el PP y el PSOE, precisamente los más beneficiados por el actual estado de cosas. Aunque sin duda la reforma del sistema representativo es una exigencia de Estado, está por ver si ambas formaciones se encuentran a la altura. Después de todo, los perjudicados somos el país y sus ciudadanos, no ellos ni sus dirigentes.


Jorge Urdánoz Ganuza es doctor en Filosofía, Visiting Scholar en la Universidad de Columbia, Nueva York.