LO QUE TRAJO EL OCASO DE LAS IDEOLOGÍAS

Lo que trajo el ocaso de las ideologías
Por Manuel Cruz, catedrático de Filosofía en la Universidad de Barcelona y director de la revista Barcelona Metropolis (EL PAÍS, 26/09/09):


En otro momento histórico, no demasiado lejano, espectáculos como los que tuvieron lugar el pasado mes de julio, con afamados futbolistas convocando multitudes ante el anuncio de su mera presentación como nuevos jugadores de un determinado club, hubiera provocado una catarata de críticas, prácticamente todas construidas sobre el mismo argumento. Tales espectáculos, se hubiera denunciado, constituían la manifestación descarnada de la eficacia de los instrumentos de alienación de nuestra sociedad, que provocan que los individuos aparten su atención de las dimensiones de su vida realmente importantes y las sustituyan por una existencia imaginaria que satisface, también de manera imaginaria, todas aquellas aspiraciones, sueños y anhelos que el mundo real no hace otra cosa que frustrar.

Pero este argumento -¡ay!- se apoyaba en una categoría que entró en crisis (desde el punto de vista de su influencia) junto con el pensamiento marxista, a cuya matriz discursiva pertenecía. Me refiero a la categoría de ideología. En efecto, si algo se reitera hoy por doquier es precisamente que lo más característico de nuestra época en materia de ideas es precisamente el final de las ideologías. El concepto de ideología designa, en realidad, dos acepciones diferentes. Por un lado, lo utilizamos, en el sentido menos riguroso, para designar un conjunto de ideales (es el caso de cuando nos servimos de expresiones como “la ideología comunista”, “la ideología liberal”, “la ideología anarquista”, etcétera), pero también, por otro, nos servimos de él para designar el mecanismo de un engaño social organizado, consecuencia de la opacidad estructural del modo de producción capitalista.

Pues bien, el ocaso de este segundo uso posibilita un meta-engaño, a saber, el de la transparencia de nuestra sociedad. Desactivado el mecanismo de la sospecha -como mucho sustituida por la metafísica del secreto, característica de las concepciones conspirativas de la historia- pueden circular, sin restricción alguna, cualesquiera discursos mistificadores o incluso intoxicadores. Tal vez el caso más flagrante, por la difusión que está obteniendo, sea el de los discursos de la autoayuda. En su libro On Anxiety, la socióloga eslovena Renata Salecl ha hecho sugestivas indicaciones sobre la señalada cuestión y, más en general, sobre ese modelo de vida, cada vez más difundido en nuestros días, según el cual uno debe gestionar la propia existencia con los mismos criterios con los que gestionaría su empresa (si la tuviera). Conviene subrayar que lo más relevante del texto no es tanto la premisa, sobradamente conocida (ya en su obra, de 1974, Anarchy, State and Utopia, Nozick había escrito aquello de que “toda persona es una empresa en miniatura”), como la consecuencia que de ella extrae: asumirnos como dueños de nuestra propia empresa vital en un mundo como éste (en el que los individuos han perdido la posibilidad de incidir en el desarrollo social y político de la sociedad en la que viven) acaba siendo fuente inexorable de ansiedad y frustración.

Pero el ocaso de las ideologías en el segundo sentido -el de mecanismo de ocultación de la verdadera naturaleza de nuestra realidad- también ha generado otros efectos, de diferente tipo. Cuando se da por supuesta la transparencia, la inmediatez entre conocimiento y mundo, desaparece la crítica en tanto que instancia tutelar, articuladora -conformadora- de la sospecha. Si se generaliza la afirmación de que las cosas son tal y como aparecen, de que la realidad no esconde su signo, desaparece la posibilidad de apelar críticamente a la hora de explicar lo que pasa a presuntas instancias (como la estructura profunda de la sociedad capitalista) que desarrollarían su actividad desde la sombra.

Este proceso afecta directamente a la percepción que los individuos tienden a tener de sí mismos. Porque es en el interior de este marco donde se inscribe la deriva -asimismo lábil- que están siguiendo las actuales formas de la subjetividad o, si se prefiere, las configuraciones actuales de la individualidad. Es cierto que hoy asistimos a crecientes demandas de singularidades subjetivas o de autonomía (por ejemplo, en el ámbito de los derechos civiles), pero no es menos cierto que, como han señalado, entre otros, Deleuze-Guattari, se está produciendo una reterritorializacion conservadora de los deseos a favor del beneficio comercial, de tal forma que la aparente y enfática afirmación del individualismo como la norma indiscutiblemente deseable, encubriría la operación de reducir a dicho individuo a mero consumidor, y su mundo de objetos, a nombres de marcas y a logotipos. Se llevaría a cabo de esta forma una reformulación del cogito cartesiano en los nuevos términos de un “compro, luego existo”.

A la vista de esto último tenemos derecho a sospechar hasta qué punto aquellas demandas de singularidades subjetivas o de autonomía tienen mucho (no todo, obviamente) de inducidas, esto es, en qué medida son la forma actual, siempre provisoria, de un constructo. Un constructo que, a la luz de las premisas acerca del presente que acabamos de dibujar a grandes trazos, no podrá aspirar a adornarse con algunas de las determinaciones con las que se adornaban sus precursores. Difícilmente, en nuestras circunstancias, podrá reivindicarse forma alguna de subjetividad unitaria, compacta, inequívoca (del tipo persona humana de hace no tanto). Es probable que lleven razón quienes, como Rosi Braidotti (Transposiciones), consideran que estamos abocados a una visión nómada, dispersa, fragmentada que, sin embargo, sea funcional, coherente y responsable, principalmente porque está encarnada y corporizada (y a este último hecho no en vano se le está concediendo una enorme importancia en la reflexión filosófico-política de los últimos años, aunque hay que puntualizar que, algunas décadas antes de la generalización de los discursos acerca de la biopolítica, el Merleau-Ponty de la Fenomenología de la percepción ya enfatizaba la importancia de la facticidad corporal, del a priori carnal, por utilizar su propia expresión).

Si no estuviéramos demasiado atenazados por las palabras (o, peor aún, por los rótulos), acaso lo propio fuera referirse a este sujeto como un sujeto posmoderno o, tal vez mejor, como el único sujeto posible en una época posmoderna. Un sujeto que, a pesar de la creciente evidencia de un universo poshumano de despiadadas relaciones de poder intermediadas por la tecnología, aún mantiene sus expectativas humanistas de decencia, justicia y dignidad. Pero que también ha alcanzado el grado de lucidez y consciencia suficientes como para no hacerse grandes ilusiones acerca del futuro de sus propias expectativas.

En efecto, perdida la eficacia social de las viejas maquinarias productoras de sentido, ahora declaradas de todo punto obsoletas, lo que queda de crítica a menudo da palos de ciego. Refiriéndose a buena parte de la intelectualidad mexicana, el antropólogo de origen catalán Roger Bartra ha hecho unas agudas observaciones, sin duda ampliables más allá de aquellas fronteras, y por completo pertinentes a los efectos de lo que estamos comentando. Tras la caída del muro de Berlín, ha señalado, dicha intelectualidad, huérfana de los viejos dogmas, en vez de aportar nuevas ideas para entender el mundo, desarrolló una sensiblería, un entramado de emociones. Si el marxismo en sus diversas variantes se había revelado inservible para entender el mundo, continuaba la argumentación, se recurría al amor por los agraviados o desposeídos para justificar tanto las carencias ideológicas como la ausencia de políticas realmente avanzadas. A este entramado de pasiones y sentimientos Bartra lo denominaba, en formulación ciertamente brillante, pobretología (por cierto: pobret significa en catalán pobrecillo).

Es como si de lo que se tratara fuera de algo parecido a esto: ya que se nos han desvanecido las formas heredadas de (dar) sentido, necesitamos de forma perentoria encontrar nuevos sectores cuyo sufrimiento nos permita re-identificarnos a través de la única solidaridad hoy al alcance de la mano, a saber, la basada en la mera emoción, en la simple identificación sensible. Si por lo menos ése fuera un lugar firme, tal vez podríamos consolarnos pensando que es el mal menor. El problema sobreviene cuando la gente se emociona más ante los colores de su equipo que ante el sufrimiento ajeno. Y es aquí donde, por desgracia, parece que ya estamos.

¿CÓMO SE FORMAN LAS MAYORÍAS?

¿Cómo se forman las mayorías?
Por Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, directora de la Fundación ÉTNOR y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (EL PAÍS, 17/02/09):

“La regla de la mayoría es tan absurda como sus detractores le acusan de serlo”. Así empieza un célebre texto de John Dewey, que continúa aclarando: “Lo que importa es cómo una mayoría llega a serlo”. Y, a mi juicio, caben al menos tres caminos: el debate sereno y la discusión pública bien argumentada, la agregación de intereses individuales y grupales o, pura y llanamente, la manipulación de los sentimientos. En el primer caso estamos ante una democracia deliberativa, en el segundo, ante una democracia agregativa, y en el tercero, ante lo que podríamos llamar la democracia emotiva, en la que reina el arte de la manipulación.

Claro que en la vida real las tres se dan de algún modo mezcladas, pero también es cierto que una de esas dimensiones puede imponerse a las restantes hasta el punto de imprimirles su sello.

Creo que llevaba razón Dewey. La democracia representativa no es el gobierno del pueblo, en ningún lugar de la tierra gobierna el pueblo. Es más bien, como se ha dicho, el gobierno querido por el pueblo, y ni siquiera eso: es el gobierno querido por la mayoría del pueblo, incluso por la minoría cuando los partidos en el poder no tienen mayoría absoluta. Cómo se forma esa mayoría cuyos representantes pactan con las minorías es un gran problema.

Puede hacerse por agregación de los intereses de los votantes. Los partidos políticos compiten por sus votos tratando de sacar a la luz cuáles pueden ser los intereses de los distintos sectores y les aseguran que van a satisfacerlos. Las gentes sopesan bien las diferentes ofertas, las estudian y optan por las que les parecen mejores para ellas. El deliberacionista critica esta forma de actuar porque la considera equivocada de plano. No nacemos ya con intereses que después agregamos, sino que los intereses se forman socialmente, ni es auténtica democracia aquella en que las gentes buscan su interés particular, como si no fuera posible forjarse una voluntad común mediante la deliberación y el intercambio de argumentos. Esto es lo propio de un pueblo, de un demos, el poder decir “sí, nosotros queremos”, y sin él no hay democracia posible.

Sólo que el deliberacionista suele ser estadounidense y contar con el suelo de un patriotismo indiscutible con el que no contamos otros, con un sentido del “nosotros”, ligado a valores universales, que impregnaba el discurso de Obama. Aquí no hay nosotros que valga, y cuando lo hay, es contra otros.

Pero tampoco es muy seguro que estemos forjando una democracia agregativa inteligente, tampoco es muy seguro que las gentes estemos mostrando el caletre necesario para sopesar qué nos interesa, para estudiar las propuestas y pedir responsabilidades cuando no se cumplen. Estamos más bien en manos de quien nos sepa manipular.

Como el colesterol, que puede ser malo o bueno, hay una buena retórica y una mala. La primera trata de conocer los sentimientos de los interlocutores para que puedan entender el mensaje que se les quiere transmitir y por qué les beneficia. El mensaje, claro está, ha de ser bueno para ellos. Si no se logra la sintonía, si no se alcanza la comunicación, entonces el buen mensaje no llega. La mala retórica, por su parte, trata también de conocer los sentimientos de los interlocutores, pero para intentar colocarles el producto que interesa al retórico sin que se den ni cuenta, aunque se produzca con ello un daño irreparable. Es todo un arte el de la mala retórica, que en román paladino puede y debe llamarse manipulación.

En él tienen un papel clave los medios de comunicación con sólo destacar unos sucesos u otros, con sólo subrayar unas frases y callar otras.

Que un país sumido en una brutal crisis económica, con un índice de paro que es el sufrimiento cotidiano de personas concretas y de familias enteras, al que se amenaza con excluirle de la zona euro, tenga como portada en los diarios, como primera plana, el fallo del Tribunal Supremo sobre Educación para la Ciudadanía es, a mi juicio, un síntoma pésimo, el de un país que no tiene pueblo, sino masa, dispuesta a seguir bailando a cualquier flautista embaucador.

Algunos hemos venido diciendo desde hace tiempo que EpC no va a forjar ciudadanos comprometidos ni detritus sociales, que el asunto son los manuales y quién imparte la asignatura, y sobre todo que el problema de la educación no se reduce a enseñar el uso del preservativo, que es lo que al parecer les importa a representantes visibles de los dos grandes partidos. Cuando la educación en su conjunto es deplorable y los alumnos llegan a la Universidad con un nivel cada vez más bajo.

Hay muchas tareas pendientes para la construcción de una democracia: crear partidos democráticos, capaces de contagiar a la sociedad democracia y pluralismo, poner trabas al gobierno de las minorías, quitar fuerza a los aparatos de los partidos, promover una ciudadanía activa. Pero la más importante consiste, a mi juicio, en formar mayorías cultivando pueblo y no masa.

LAS RAÍCES DEL LIBERALISMO

Las raíces del liberalismo
Por Alejandro Diz, profesor de Historia de las Ideas de la Universidad Rey Juan Carlos (EL MUNDO, 13/02/09):

La caída del Muro de Berlín fue el símbolo del derrumbe, en lo fundamental, de los totalitarismos que configuraron una de las épocas más oprobiosas de la Historia, pero en las mentes de algunos quedaron agazapados muros de Berlín a los que se les dio, eso sí, unas capas de estuco de diferentes marcas, antiglobalización, antisistema, contra el cambio climático, con las que camuflar la textura ya no muy vendible de los sillares del comunismo o del socialismo real anticapitalista.

No es de extrañar, pues, que cuando se ha producido la profunda crisis económico-financiera actual, ésta haya actuado como estímulo pavloviano para toda una caterva de perritos babeantes que, ya sin necesidad de tanto travestismo, poco han tardado en reclamar «refundaciones del capitalismo», el fin del «libre mercado» y -¡ahí querían llegar!- y en rechazar y criticar de manera radical el liberalismo, esa especie de bestia negra responsable de todos los males que aquejan a nuestras sociedades para aquellos que siguen entelando sus mentes con las telarañas del intervencionismo más o menos explícito o camuflado.

Cuando se llega a situaciones como ésta, tanto en el ámbito político-económico como, incluso, epistemológico, contaminadas por falacias causales, en que se confunden causas y efectos, y por toda clase de desfiguraciones semánticas (llegando incluso a lo estrambótico de calificar como de extrema derecha a liberales, por el simple hecho de proclamarse como tal), son momentos en los que, quizá, es necesario acudir de nuevo a los clásicos, los que siguen «librando batallas después de muertos», en expresión de Ortega, al plantear cuestiones que trascienden a su propia época, y así ayudarnos a profundizar en nuestros problemas actuales.

Es, pues, necesario, ayudándonos de las muletas de los clásicos del liberalismo, descontaminarse de la charlatanería que ha inundado el discurso sobre el liberalismo y su pretendida responsabilidad en la crisis actual y en la mayoría de los males habidos y por haber, con ausencia de interés por la verdad, con indiferencia por el modo de ser de las cosas acerca de las que se discute.

En primer lugar, hay que tener claro que en su interpretación actual el término liberalismo es un concepto polisémico, como ideología, como movimiento político (en este plano, el liberalismo consiste fundamentalmente en la organización social de la libertad), como corriente económica o como específico tipo de mentalidad, de personalidad y conducta, de modo de sentir y de actuar en la vida. Pero hay una especie de masa crítica en su conceptualización, tanto en la utilización del término en su sentido más general o más restringido, ya claramente expuesta desde los padres fundadores del liberalismo moderno -Locke, Montesquieu, Adam Smith, Tocqueville, Stuart Mill…-, que es el considerar la libertad como el bien máximo tanto del individuo como de la sociedad, así como el que los derechos del individuo tienen primacía sobre los del grupo (sea éste clase, raza, sexo, religión, etcétera).

Y la no vigencia o insuficiencia de estos principios es uno de los males o riesgos que existen en la coyuntura crítica que se vive en nuestras sociedades actuales. Así, por ejemplo, en España en los últimos años existe una tendencia destacada a dar primacía a los derechos del grupo -o colectivos, como ahora se han venido en llamar- sobre los del individuo: derechos específicos por adscripción territorial, política de cuotas por sexo, leyes con penas discriminatorias también por sexo

Es en momentos de crisis como los actuales cuando hay que estar más vigilantes ante el peligro de que se cercene la libertad individual, bajo la coartada de una u otra justificación, necesidad de intervenciones estatales, motivos de seguridad, reforzamientos de igualitarismos injustificados no basados en el mérito y el esfuerzo personales, y tantas otras. Como ojos del Guadiana aparece una y otra vez la perversidad de confundir o identificar igualdad con libertad. Es paradigmática a este respecto la terrible interrogante que se hizo Lenin: «¿Libertad para qué?». Un auténtico liberal respondería: libertad por sí misma, porque -en palabras de Tocqueville- «el que busca en la libertad otra cosa no sea ella misma está hecho para servir». Como ya señalara el pensador francés, la pasión por la igualdad es más poderosa en el corazón de los hombres que la de la libertad, y por eso ante los males y riesgos que pueda traer un igualitarismo estandarizado hay que «hacer salir la libertad del seno de la sociedad democrática».

Las sociedades liberal-democráticas se caracterizan porque el principio de libertad consiste en una combinación de lo que Constant denominó «libertad de los antiguos» y «libertad de los modernos», lo que en terminología de Isaiah Berlin son el concepto de «libertad positiva», es decir el imperativo de participación pública, que vendría a responder a la interrogante de en qué medida participo yo en elegir a mis gobernantes, y el de «libertad negativa», en cuanto barrera protectora del ámbito privado, que vendría a responder a la pregunta de en qué ámbito de mi vida yo soy plenamente soberano y no se inmiscuye nadie si yo no lo permito.Y es este último ámbito de la libertad el que más peligra en momentos críticos cuando el Estado pueda tener más tentaciones de intervenir o ingerirse en toda clase de actividades y de vinculaciones espontáneas, voluntarias y libres entre individuos, que pueden desarrollarse con autonomía a él.

Es necesario, también, desmontar la falacia de que ha sido el liberalismo el responsable de la crisis económica-financiera actual; otra cosa es la responsabilidad de los excesos cometidos en un mal entendido libre mercado y las deficiencias de diferentes organismos reguladores y vigilantes del cumplimiento de las normativas legales. Muy al contrario, la experiencia histórica muestra que ha sido el liberalismo en su acepción más amplia el que ha permitido a Occidente salir de sus situaciones más críticas, cuando peligraba tanto la libertad como el progreso material. Porque, entre otras cosas, no hay nada más alejado del liberalismo que verse a sí mismo como un pensamiento estático, ya que no hay reglas absolutas establecidas de una vez para siempre.

El liberalismo, como ha señalado Dahrendörf, «no es otra cosa que una teoría política de la innovación y el cambio». Raro es el pensador liberal en el que no se encuentre este enfoque en lo relativo a la relación del individuo con su medio social, la política o el mercado. Así, por ejemplo, Montesquieu señala que «donde no hay conflictos no hay libertad»; para Stuart Mill todas las soluciones, tanto a nivel individual como colectivo, deben ser provisionales o aproximativas, porque no hay soluciones simples a la complejidad y diversidad de la vida en general; Hayek reconoce que, probablemente, nada haya hecho tanto daño a la causa liberal como «la rígida insistencia de algunos liberales en ciertas toscas reglas rutinarias, sobre todo en el principio del laissez-faire»; en los escritos de Isaiah Berlin es recurrente el planteamiento de que las ideas siempre deben someterse a la realidad humana cuando entran en contradicción con ella, porque cuando ha ocurrido al revés se ha producido el dominio del totalitarismo y del terror… y la lista al respecto podría alargarse.

No es correcto, por otra parte, contraponer un Estado liberal con lo que se ha venido en denominar un Estado social. Y no lo es ya desde un Adam Smith en el XVIII señalando que no puede haber libre mercado sin valores morales y marco legal, hasta un Stuart Mill, en el XIX, inaugurando el llamado liberalismo modernizado o liberalismo social, con la aceptación de unas condiciones marco de la economía establecidas por el Estado o unas exigencias por parte de éste en algunos temas educativos. Lo que no hace el pensamiento liberal es fomentar el odio -diríamos que hipócrita- al dinero, pues como ha señalado Hayek, «el dinero es uno de los mayores instrumentos de libertad que jamás haya inventado el hombre; es el dinero lo que en la sociedad existente abre un asombroso campo de elección al pobre, un campo mayor que el que no hace muchas generaciones le estaba abierto al rico». Revel ha escrito que «lo social no puede existir sin lo liberal, ya que únicamente la economía liberal engendra la prosperidad que permite redistribuir la riqueza» y, por lo tanto, «no sólo no existe ninguna incompatibilidad entre la Europa liberal y la social, sino que la primera es incluso una condición necesaria para la segunda». Muy al contrario de lo que sucede en los sistemas intervencionistas, y aún más en los totalitarios. En la magnífica novela Todo fluye del ruso Vasili Grossman, un personaje expresa su visión de la libertad, con el terrible bagaje vital del totalitarismo y la colectivización forzosa del stalinismo: «Antes creía que la libertad era libertad de palabra, de prensa, de conciencia.Pero la libertad se extiende a la vida de todos los hombres.La libertad es el derecho a sembrar lo que uno quiera, a confeccionar zapatos y abrigos, a hacer pan con el grano que uno ha sembrado, y a venderlo o no venderlo, lo que uno quiera. Y tanto si uno es cerrajero como fundidor de acero o artista, la libertad es el derecho a vivir y trabajar como uno prefiera y no como le ordenen».

Decíamos que, el liberalismo además, y mucho más, que un movimiento político o económico es una actitud, una conducta. Es conocida la definición de Marañón: «Ser liberal es, primero, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo y, segundo, no admitir jamás que el fin justifica los medios». Y es esa actitud la que, en gran medida, se necesita hoy en día, porque es posible que volvamos a estar en la coyuntura que describía Hayek: «Quizá se encontrarán todavía las mejores guías para ciertos problemas contemporáneos en las obras de algunos de los grandes pensadores políticos de la era liberal; generaciones para quienes la libertad era todavía un problema y un valor que defender, mientras que la nuestra la da por segura y ni advierte de dónde amenaza el peligro ni tiene valor para liberarse de las doctrinas que la comprometen».

LA DERECHA Y LA CULTURA

La derecha y la cultura
...Fuera del mundo moderno sólo hay sitio para el rincón de la nostalgia. Gritar a la defensiva con tono de apocalipsis es una fórmula infalible para perder la batalla. La sociedad de masas es así, y con ella su forma de gobierno, la democracia mediática. Es urgente construir un mensaje atractivo en dura lucha contra el desconcierto general...
BENIGNO PENDÁS Profesor de Historia de las Ideas Políticas Domingo, 01-02-09
Diario ABC



COMO siempre, hablo de «derecha» y de «izquierda» en sentido convencional. Es muy impreciso, pero ustedes me entienden sin problema. En este contexto, «cultura» significa cualquier forma de producción de ideas o manifestaciones artísticas susceptibles de influir en el comportamiento del público -ilustrado a medias- que produce la sociedad de masas. A partir de tales premisas, como si fuera un manual anglosajón de filosofía analítica, la tesis es la siguiente: la derecha necesita con urgencia plantear y ganar la batalla ideológica y recuperar el terreno perdido -absurdamente- en el ámbito cultural. El fenómeno, casi universal, multiplica sus efectos en España. Para traducir en prosa las consecuencias electorales, recuerden cuántos años han gobernado los socialistas y cuántos los populares en el último cuarto de siglo. Las ideas, aquí y ahora, son pocas y malas. La izquierda opta por la indiferencia permisiva, de vaga raíz posmoderna. La derecha, por un realismo versátil que conduce a esa inútil «escuela del desaliento», como la llama lord Byron: no hay nada que hacer en este campo sembrado de minas. No sirve de consuelo, al menos no debe servir, la sonrisa escéptica del ejecutivo arrogante y poco dispuesto a perder su valioso tiempo con esta monserga. Para citar a uno de los nuestros, Mariano José de Larra: «¿Letras? Las de cambio. Todo lo demás es broma...»
La izquierda juega con ventaja, al menos eso parece. Cuando hace falta, siempre en el momento preciso, despliega su poder mediático y académico mientras el adversario se bate en retirada. Si me lo permiten, recupero algunas ideas de mi primera Tercera de ABC. Era el 28 de agosto de 1998, allá por el siglo pasado. Esas activas minorías que dominan el debate cultural nos imponen qué literatura, qué arte, qué política debemos consumir para ser «libres» a su modo y manera. Configuran así una rechazable tiranía de la opinión pública ante el escándalo de los liberales genuinos. No cabe recurso de ningún tipo contra su dictamen implacable, que conlleva la condena -a través de la hoguera o del silencio más espeso- para quienes no encajan en esa poderosa corriente y en los círculos que la sustentan. Nos exigen que utilicemos un lenguaje edulcorado («género», «progreso», «solidaridad») y que ensalcemos a los aburridos genios posmodernos. Tal vez lo principal: es obligado adoptar en tiempo y forma sus expresiones artísticas o literarias y, por supuesto, adquirir y pagar el producto en el lugar oportuno. La derecha calla y otorga. La izquierda se acomoda en el triunfo. El debate casi no existe. La buena gente hace lo que le mandan. La vida pública pierde calidad. Ganan los mediocres. Perdemos todos. A muchos, tampoco les importa.

¿Acaso no hay pensadores y creadores ajenos al tópico progresista? Me resisto a poner ejemplos, para no confundir anécdotas con categorías. Les garantizo que, desde Homero en adelante, podemos llenar las mil doscientas palabras que contiene este artículo con nombres y apellidos del más alto rango universal. La clave está en disputar con éxito la herencia del humanismo y de la Ilustración. Fuera del mundo moderno sólo hay sitio para el rincón de la nostalgia. Gritar a la defensiva con tono de apocalipsis es una fórmula infalible para perder la batalla. La sociedad de masas es así, y con ella su forma de gobierno, la democracia mediática. Es urgente construir un mensaje atractivo en dura lucha contra el desconcierto general.
No nos engañemos: mucha gente honrada compra recetas de moral evasiva con la única finalidad de sobrevivir en la oscura vida cotidiana. Se palpa una angustia latente en el centro comercial y en otros «no lugares» (la expresión, ya saben, procede de Marc Augé), esos espacios imposibles para el auténtico «vivere civile». ¿Soluciones? Ninguna es mágica, pero casi todas están inventadas. Libertad y responsabilidad. Imperio de la ley. Educación, respeto, civismo. Familia y principios éticos. Rigor, austeridad, honradez. Carácter instrumental de los bienes materiales. Excelencia, calidad, valor de la obra bien hecha. Reconocer el mérito: el triunfo de los mejores es bueno para todos. Espíritu abierto al mundo. Patriotismo sensato, lejos del localismo ridículo y estrecho. Ideas claras y rechazo del pensamiento débil y confuso. Perseverancia e ilusión renovada frente al ambiente apático y hedonista... Rajoy apeló hace poco a estos valores positivos, pero los oyentes sólo pensaban en películas de espías. Son las viejas virtudes liberales, de honda raíz humanista. Nada nuevo, si se fijan: Atenas, Roma, Jerusalén, Europa moderna, América contemporánea...

La fuente clásica sigue siendo el discurso de Pericles, piedra angular de la teoría política en Occidente. Es fácil percibir ecos lejanos incluso en el mensaje presidencial de Barack Obama. Una copia menor, sin duda: es muy difícil pasar a la historia en el capítulo reservado a los gigantes. Por supuesto, cualquier comparación le favorece cuando miramos a nuestro alrededor. Elogio brillante de los Padres Fundadores y sus principios ilustrados, con la excepción significativa del libre comercio. Un socialdemócrata «muy puro», según Zapatero. El historiador de las ideas no sabe si reír o llorar. El analista de la vida española descubre la maniobra de siempre. El objetivo es desplazar a la derecha hasta el pelotón de los torpes. Un día sí, y el otro también. El sectarismo nubla el intelecto y anula la racionalidad. Si la izquierda dice «buenos días», algún coro responde indignado: mentira, porque yo digo «buenas noches». La trampa funciona. Gente decente, conservadores o incluso liberales, terminan recluidos en el infierno dialéctico: les obligan a defender lo indefendible o, cuando menos, quedan al margen de cualquier novedad cultural que pueda calar en la mentalidad posmoderna, frágil por naturaleza pero influyente como ninguna. Algunas veces, el Partido Popular disfraza sus conflictos internos bajo un sedicente barniz ideológico. Es imprescindible apagar un fuego que amenaza incendio. En todos los partidos del mundo civilizado conviven dos o tres «almas». En los americanos, por cierto, al menos quince o veinte. El mensaje sigue siendo el medio. Es una buena idea abrir el campo político a las tecnologías de la sociedad de la información. Ahora hace falta transmitir virtudes liberales vía «tuenti» o «facebook» o algún «blog» atractivo para ganar la confianza de tantos jóvenes renuentes. Caso práctico sobre control ideológico. El «foro abierto» organizado por los populares merece el elogio sincero de los teóricos de la democracia participativa y deliberativa. No lo tendrá, naturalmente, porque todos esos teóricos son de izquierdas...

Las elecciones se ganan y se pierden en el estrato más profundo de la mentalidad colectiva. Los seres humanos no sólo queremos conseguir la victoria y llevarnos el premio. También queremos tener razón y disfrutar del reconocimiento ajeno. Por algo inventamos las ideologías, complemento racional -a veces- de las pasiones irracionales. Desde la izquierda más culta, el malogrado Rafael del Águila escribió con frecuencia sobre la «sobredosis» de creencias que inunda el mundo actual. Incluso el nihilismo -real o imaginario- funciona como un impulso para la voluntad de poder. No sé qué pensarán de nosotros las generaciones futuras... Volvamos al asunto: aquí y ahora, es preciso disputar y ganar el debate ideológico y cultural por parte de una derecha indolente en exceso. Por cierto, tal y como están las cosas: ¿es buen momento para hablar de las virtudes liberales? Me temo que tiene razón el personaje de Balzac: «ciertas sensaciones incomprendidas hay que reservarlas para uno mismo».

EL CESARISMO EMPÍRICO EN EL PRESIDENCIALISMO ENCUBIERTO.

El cesarismo empírico en el presidencialismo encubierto

...Mi preocupación actual es que nuestro sistema parlamentario, articulado correctamente en la Constitución de 1978, degenere también en un preseidencialismo encubierto, o, si se quiere continuar los caminos antes indicados de Iberoamérica y de la Europa Central, en un cesarismo empírico...

MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Sábado, 31-01-09
Diario ABC.


Para algunos gobernantes los programas políticos contienen los objetivos de sus actuaciones. En caso de que lleguen a obtener poder suficiente los realizarán. Para otros gobernantes, por el contrario, los programas no son un fin, sino un medio de conseguir apoyos en las elecciones, prometiendo cosas que luego, si llega el caso, dejarán en el cajón.

La diferencia entre unos y otros sirve para aproximarnos a los tipos de presidencialismo encubierto y de cesarismo empírico, aunque esta última forma de gobernar tenga unas características propias, más destacadas.

En el cesarismo empírico se van afrontando los problemas según éstos surjen. A veces con acierto y a veces equivocadamente. No se salta al campo -utilizando el símil de un equipo de fútbol- sabiendo lo que hay que hacer, atacar a fondo por las alas o replegándose en el área propia. El político del cesarismo empírico, cuyo programa era sólo un incentivo para los electores, espera a que las dificultades se presenten, sin anticiparse nunca con soluciones bien elaboradas.

El político del cesarismo empírico, además, se suele cubrir con el ropaje de un texto constitucional que, por supuesto, no respeta. Se citan al respecto, entre otros casos, la Constitución chilena de 18 de septiembre de 1925 y la polaca de 23 de abril de 1935. La lectura de estos textos nos podría desorientar, pues los correspondientes regímenes políticos que allí funcionaron no tuvieron en cuenta las reglas del ordenamiento constitucional.

El ordenamiento constitucional y el régimen político son cosas distintas. El observador miope no aprecia las diferencias y si las normas de la Constitución, por ejemplo, diseñan un sistema parlamentario, con predominio de las asambleas de diputados y senadores, en la práctica (o sea, en el régimen político en el que realmente se convive) el jefe del Ejecutivo se convierte en la figura central. Del parlamentarismo se pasa al presidencialismo encubierto.

Ha sido objeto de estudio detallado el cesarismo empírico en Turquía, donde en 1923 parecía que iban a funcionar las instituciones parlamentarias. La ley orgánica del 24 de abril de 1924 define a Turquía como una república parlamentaria. Pero Turquía carecía de madurez política y de un clima social favorables para el funcionamiento correcto de varios partidos. Todo desembocó en un cesarismo empírico.

Aceptar «lo que viene de arriba» es más cómodo que oponerse al gobernante, transformado en césar. Una vez ocupado el puesto de mando, el capitán recibe innumerables adhesiones, algunas de ellas inesperadas. Sabemos que no es un fenómeno exclusivo de los países de Iberoamerica, como algunos analistas europeos nos quieren hacer creer. Una visión parcial, por ejemplo, son las observaciones de un autor tan admirado como André Siegfried. Describe así el cesarismo empírico: «Que el jefe se imponga por la fuerza, que sea plebiscitado o regularmente elegido, poco importa en Iberoamérica, ya que la conclusión es siempre la misma: no se trata más que de él, sólo de él. El jefe encarna en su persona la noción misma del poder, de la soberanía; los ministros, sus ministros, son meros comisionados, responsables solamente ante él, simples reflejos de su persona y siempre revocables a su voluntad».

Estas apreciaciones de Siegfried fueron escritas en 1934. Europa, incluida Francia, conocería luego lo que puede ser el cesarismo, ideológico o empírico, cuando se padece directamente. ¿Por qué no reaccionaron los franceses durante el Gobierno de Vichy? ¿Por qué se sometieron los alemanes y los italianos ante sus respectivos dictadores? ¿Por qué los españoles aguantamos los casi cuarenta años de régimen franquista?

A mi juicio, la clave para entender en Europa el cesarismo se encuentra en la preponderancia de los tibios en todas las sociedades. Por los años cincuenta del siglo XX, en mis estancias estudiantiles en Alemania pude comprobar que los padres de mis compañeros se negaban a hablar de lo ocurrido allí bajo el mandato de Hitler. No se me olvida la escena que contemplé durante la comida en la casa de un notable empresario, serio y de espíritu abierto, al que uno de sus hijos se atrevió a preguntar en mi presencia lo que habían hecho él y sus amigos durante el nacionalsocialismo. «Eso no se pregunta», contestó cortante el padre de familia. Los comensales nos quedamos paralizados.

Estoy seguro de que en aquel ambiente no había antiguos nazis, ni simpatizantes del III Reich. Eran unos ciudadanos de buena fe, pero de carácter tibio. Soportaron años en silencio cuanto les echaban encima.

Mi preocupación actual es que nuestro sistema parlamentario, articulado correctamente en la Constitución de 1978, degenere también en un presidencialismo encubierto, o, si se quiere continuar los caminos antes indicados de Iberoamérica y de la Europa central, en un cesarismo empírico.

Es indiscutible que en el texto de 1978 el Congreso de los Diputados es la institución central del sistema. Las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno y es el Congreso el que otorga su confianza para que el Rey nombre al Presidente del Ejecutivo. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Este último puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de la moción de censura, y puede negar su confianza al Gobierno. Todo esto se escribe en el texto constitucional, así como que los diputados no están ligados por mandato imperativo alguno, o sea que no tienen que obedecer ciegamente ni a sus electores, en las reclamaciones que estos les presenten, ni al partido que les llevó a ocupar el escaño.

Se llega a la conclusión en los casos estudiados de cesarismo empírico, tanto en Europa como en América, que el fracaso del sistema parlamentario fue debido a las deficiencias de los partidos, piezas necesarias del régimen. Sin unos partidos de «estructura interna y funcionamiento democráticos» -palabras del art. 6 de nuestra Constitución- no es posible la consolidación del régimen parlamentario.

He aquí el gran problema. ¿Cree alguien en la España actual que el Parlamento es la institución capital con plena capacidad de decisión política? ¿Puede prosperar una moción de censura de los presentes diputados pertenecientes a «partidos de empleados»? ¿No es acaso el Presidente del Gobierno la personalidad que domina el hacer y el quehacer, tanto dentro como fuera del Parlamento?

He aludido, por ello, al presidencialismo encubierto o camuflado por el texto constitucional. Y no se piense que es algo reciente, pues desde el primer momento Adolfo Suárez controló al grupo parlamentario y al partido que le sostenía. En la misma línea presidencialista de Suárez siguieron Felipe González y José María Aznar. El aparente y constitucional parlamentarismo, se convirtió en un cesarismo más o menos empírico, pero siempre al margen de los mandatos de la Constitución de 1978.

No se trata, en suma, de hacer una crítica política a los XXX años de vigencia de nuestra Constitución. He querido destacar, simplemente, que el régimen político de los últimos tres decenios se ha apartado del proyecto que se pensó en 1978 que iba a realizarse. Vivimos y convivimos en un presidencialismo encubierto. Otros se fijarán más en el cesarismo empírico imperante, donde los programas de los partidos no son fines sino medios. ¿No fue reveladora, a este respecto, la intervención de Rodríguez Zapatero en el programa «Tengo una pregunta para usted» del último lunes? ¿No se puso de manifiesto, además, una manera de ser y de ver la realidad?

Algunos equipos de fútbol ganaron los encuentros deportivos jugando a la contra. En los graderíos siempre hay unos que aplauden y otros que chillan descontentos.

LA IZQUIERDA ANTE EL CAMBIO DE CICLO

La izquierda ante el cambio de ciclo

Por Enrique Gil Calvo, profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (EL PAÍS, 24/12/08):

Confirmando el sambenito que se cuelga a los bisiestos, 2008 pasará a la historia como el año en que estalló la mayor crisis económica de la época reciente. Pero reducirlo a eso sería injusto, pues 2008 también es el año de la prodigiosa victoria de Barack Obama. Un acontecimiento tan excepcional como el estallido de la crisis global, aunque de signo radicalmente opuesto. Y esta rara coincidencia en el tiempo de ambos hechos históricos permite aventurar que quizá no sea casual. Es posible que tanto la crisis como el landslide electoral sean producto de un seísmo estructural de los EE UU, dislocados por los efectos del ciclo neoconservador que se inició en 1968 con la elección de Nixon. Es posible que, sin el clima excepcional de crisis aguda del sistema, la elección de un negro como presidente no se hubiera producido. Y es posible también que, dada la gravedad sistémica de la crisis, sólo un presidente tan extraordinario como lo es Barack Obama pueda gestionar su futura resolución con ciertas esperanzas de éxito. Por eso tenemos derecho a pensar que en 2008 se ha producido un cambio histórico de ciclo.

Se ha dicho que el siglo XXI comenzó con la caída del Muro de Berlín que puso fin a la guerra fría o con la caída de las Torres Gemelas que inició la llamada guerra contra el terror. Pero con iguales o mejores razones podríamos decir que el siglo XXI ha comenzado en 2008. La coincidencia de la crisis financiera con la elección de Obama ha supuesto el final del ciclo económico-político iniciado en 1968 con la elección de Nixon bajo el síndrome de la guerra de Vietnam. Entonces se puso fin a la era de predominio estatal, demócrata y keynesiano abierta 40 años antes con el New Deal de Roosevelt y concluida con la Great Society de Kennedy-Johnson. Mientras que a partir de 1968 se inició un nuevo ciclo opuesto al anterior, caracterizado por la primacía del mercado, del ultraliberalismo y del pensamiento neoconservador, bajo la égida de los presidentes republicanos Nixon, Reagan y Bush. Y por eso, el acceso a la presidencia de alguien tan excepcional como Barack Obama, en medio de una crisis económica sin precedentes y bajo el síndrome de la guerra de Irak, parece augurar el comienzo de un nuevo ciclo antitético y contrapuesto al anterior: un ciclo de nuevo estatal, keynesiano y progresista, aunque no necesariamente izquierdista.

¿Qué posibilidades hay de reconstruir la izquierda, al hilo de este cambio de ciclo económico-político abierto en 2008? Aparentemente, no demasiadas. La izquierda está literalmente arrasada en toda Europa, sin que el Reino Unido y España supongan ninguna excepción. Por su parte, la izquierda latinoamericana está degenerando hacia el peor autoritarismo populista. Y en cuanto al movimiento altermundista, continúa dejándose seducir con demasiada frecuencia por el estéril nihilismo de la violencia antisistema, dado el atractivo mediático de disturbios como los de Atenas o las banlieues parisinas. Por eso, la mejor forma de entender el actual marasmo de la izquierda es explicarlo como un final de ciclo. En efecto, la izquierda actual todavía continúa afectada por los efectos retardados de Mayo 68: aquel festival político improvisado en el mismo año que alumbró la elección de Nixon. Y es que su impacto mediático fue tal que en seguida se revistió con el carisma o la aureola del método infalible, dada su demostrada eficacia movilizadora. De ahí que, inmediatamente, todos los movimientos sociales y políticos de la izquierda europea se convirtieran en emuladores de Mayo 68, pasando a imitar sus nuevos repertorios movilizadores y discursivos.

El método Mayo es otra muestra de la “estetización de la política” atribuida por Walter Benjamin al fascismo de entreguerras. Lo que el fascismo de hace 80 años significó para la derecha como método de movilización política es lo mismo que 40 años después significó Mayo 68 para la izquierda, haciendo de la lucha política una función de teatro mediáticamente movilizadora, que busca el golpe de efecto espectacular para atraer la atención del espectador. Pero por eficaz que parezca a primera vista, el problema de la espectacularización política es que cae víctima de un esteticismo estéril y gratuito. De ser un medio puesto al servicio de fines políticos, el método movilizador tipo Mayo 68 se autonomiza para convertirse en un fin en sí mismo. Ya no hay estrategia política de largo plazo (¿qué objetivos buscamos alcanzar con nuestra movilización?) sino sólo táctica movilizadora de corto plazo: ¿qué repertorio es más eficaz para interesar a los medios informativos? Y la movilización degenera hasta convertirse en miope activismo gratuito, que se desentiende de cualquier contenido político (organizar bases sociales, crear redes de solidaridad, defender intereses y derechos) para concentrarse en la busca de titulares de prensa cada vez más impactantes. De ahí la deriva activista de Mayo 68 y sus secuelas hacia una escalada de la transgresión que, como el fascismo de entreguerras, acabó por caer en el terrorismo nihilista. Una deriva que en el mejor de los casos, aun renunciando a la violencia, no supo evitar la compulsión antipolítica que define a la izquierda puritana, libertaria o exquisita.

Cuarenta años después, aquellos polvos han traído estos lodos. Al dejarse contagiar por la miope eficacia movilizadora del método Mayo, mediáticamente provocador pero políticamente estéril y gratuito, la izquierda europea ha ido perdiendo su hegemonía cultural sobre sus bases sociales tradicionales (clases trabajadoras y segmentos sociales progresistas) hasta dilapidar sus antiguas redes de confianza y capital social. Todo por culpa del abandono de una estrategia política basada en el reforzamiento organizativo de los partidos de clase como partidos de masas para pasar a concentrarse en la lucha mediática por el control de la opinión pública, dentro de lo que Sartori llama “videopolítica” y Bernard Manin “democracia de audiencia”. Hora es de que cese esta deriva mediática y la izquierda recupere su sentido de la política.

Por eso es de esperar que la experiencia de 2008, con la crisis económica y la elección de Obama como catalizadores, permita a la izquierda superar su crítica decadencia e iniciar un nuevo ciclo de ascenso y recuperación. Un nuevo ciclo de acumulación política en el que, renunciando al fallido repertorio transgresor de Mayo 68, vuelva a rehacer sus fuerzas movilizadoras reconstruyendo nuevas redes de confianza y capital social. Y ello, además, según el eficaz ejemplo que ha dado la victoriosa plataforma de Obama, que logró movilizar en un solo movimiento unitario a fuerzas tan heterogéneas como los latinos, los afroamericanos, las feministas o los trabajadores amenazados por la crisis económica. Pues bien, eso mismo tendría que hacer la izquierda europea. En lugar de encerrarse en sí misma según el ejemplo del socialismo francés, étnicamente limpio frente a unas bases sociales tan multiculturales como las francesas, habría por el contrario que abrir la izquierda a la representación de los auténticos trabajadores que son los inmigrantes de múltiples procedencias: latinos, eslavos, magrebíes, africanos, asiáticos. Pues sólo así, construyendo desde abajo redes interculturales y pluralistas de confianza mutua y solidaridad colectiva, podrá la izquierda enfrentarse con éxito a la crisis económica, como condición necesaria y suficiente para recuperar su capital social, recrear su poder de convicción y diseñar una nueva estrategia política.

UN VETO PRESIDENCIAL

JULIO MARÍA SANGUINETTI 19/01/2009
Diario El País.

A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César", hemos repetido todos al unísono, en Occidente, desde hace 20 siglos, como si la benemérita sentencia nos resolviera algo. Bien sabemos que no está terminado el debate que abrieron las revoluciones liberales cuando desde hace dos siglos emprendieron la secularización del Estado. Naturalmente, el centro de las discusiones va cambiando con los tiempos y, hoy por hoy, se ha reducido a la educación y los temas de bioética.
España no está lejos de estas preocupaciones y mi país, el Uruguay, donde hace casi un siglo que la Iglesia, separada del Estado, no vive mayores conflictos con el poder laico, estas últimas semanas ha vivido una curiosa situación a propósito de una ley que despenalizaba el aborto.
La bancada parlamentaria del Frente Amplio, coalición de izquierdas hoy gobernante, presentó un proyecto de ley ampliando las causas de exoneración criminal, que fue votado por ellos y unos pocos legisladores de la oposición, entre los que me encontré. El presidente de la República, en cambio, y tal cual se preveía, vetó la ley. El Parlamento intentó levantar el veto, hubo mayoría simple pero no la suficiente, porque en esos casos se requiere el concurso de los 3/5 de los votos parlamentarios. El presidente, sin embargo, se ha declarado ofendido con sus diputados y senadores correligionarios, al punto que acaba de renunciar a su afiliación al Partido Socialista al que pertenece.
La historia es muy curiosa, en un país con la fuerte tradición laica del Uruguay. Pensemos, simplemente, que en 1861 se secularizaron los cementerios, en 1877 la ley organizó la enseñanza pública "laica, gratuita y obligatoria" y en 1879 el Registro de Estado Civil alejó de esa actividad a la tradicional que oficiaba la Iglesia. En 1855 el matrimonio civil pasó a ser el único válido, en 1906 se retiraron los crucifijos de los hospitales públicos y en 1907 se dictó la primera ley de divorcio, que se complementa seis años después con la posibilidad de disolución del vínculo matrimonial por la sola voluntad de la mujer, sin expresión de causa ni necesidad de juicio. En 1917, la Constitución estableció la definitiva separación de Iglesia y Estado y, a partir de entonces, la convivencia religiosa generó un amplio clima de tolerancia y pluralismo. Todo este proceso fue impulsado en su tiempo por el Partido Colorado, una vieja colectividad liberal, que construyó a principios del siglo pasado la primera social-democracia, real y efectiva, de nuestra América. Naturalmente, el proceso fue siempre apoyado por socialistas y anarquistas, entonces minoría de minorías, pero hoy gobierno en el país. Y de ahí, entonces, la paradoja de que el presidente socialista se enfrenta a su partido, con el apoyo de la Iglesia Católica.
El arzobispo de Montevideo amenazó con la excomunión a los legisladores católicos que votaron la despenalización, agrediendo el principio del sistema representativo que ha querido proteger la máxima independencia de juicio de quienes ejercen un mandato popular. Y ahora felicita al presidente, pues todo ha quedado, por el momento, en la nada.
Más allá de la extraña situación política, el tema no saldrá de escena. Quienes sostenemos que un feto de 12 semanas es una expresión de vida pero no una persona titular de derechos y obligaciones, nos enfrentamos a quienes defienden la tesis de que la protección legal arranca con la concepción misma. Lo que lleva el debate a los procedimientos -legítimos y legitimados- de la fecundación in vitro que -en la tesis católica, por estos días reiterada- darían carácter de persona a un óvulo fecundado dentro de un tubo de ensayo y condenarían por genocida a quien destruya varios de ellos, por obligadas razones científicas. Y así sucesivamente.
Mientras tanto, los abortos siguen y aunque la ley uruguaya despenaliza numerosas situaciones (incluso la causada por "angustia económica"), en los hechos no hay mujer que siga un lento y publicitado proceso legal, exponiéndose así a los riesgos de las prácticas clandestinas. Éstas, por otra parte, generan una fuerte discriminación social, pues notoriamente las mujeres más pobres son aquellas con menores posibilidades de conseguir mínimas garantías sanitarias.
Nadie podría discutir que el aborto es una derrota, algo no deseable. Hoy en día, incluso -con los métodos anticonceptivos disponibles- es una expresión de ignorancia que debería superar el debate. Pero el hecho social está, y la pregunta, entonces, es si a esa mujer que, llevada por la desesperación, interrumpe su embarazo, hay que declararla homicida y condenarla. Desde hace tiempo batallamos porque no sea así. Y habrá que seguir, en muchos países, procurando civilizar hábitos y seguir emancipando a la mujer de las consecuencias no queridas de su sexualidad. Porque la vida, después de todo, no puede ser fruto de la causalidad o la resignación, sino de la voluntad y el amor. La fatalidad de los hechos no debería nunca imponerse a las opciones de la libertad.


Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, es abogado y periodista

EL PRESIDENTE DE URUGUAY, VETA LA LEY DEL ABORTO.

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez es médico, especialista en oncología y radioterapia. Milita en el Partido Socialista de Uruguay, que pertenece a la Internacional Socialista.
Triunfó en las elecciones presidenciales del 31 de octubre de 2004, en la que se presentaba como candidato por la coalición de izquierda, obteniendo la mayoría absoluta. A cuenta suya, y no del Estado uruguayo, envió como representante personal al entierro del Papa Juan Pablo II a su esposa y a su hijo mayor.

Fuente: www.solidaridad.net

TEXTO DEL VETO DEL PRESIDENTE DE URUGUAY, TABARÉ VÁZQUEZ,
A LA LEY DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

Montevideo, 14 de noviembre de 2008
Señor Presidente de la Asamblea General:
El Poder Ejecutivo se dirige a ese Cuerpo en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 137 y siguientes de la Constitución de la República a los efectos de observar los Capítulos II, III y IV, artículos 7 a 20, del proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con la salud sexual y reproductiva sancionado por el Poder Legislativo.
Se observan en forma total por razones de constitucionalidad y conveniencia las citadas disposiciones por los fundamentos que se exponen a continuación.
Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado. En los Estados Unidos, en los primeros diez años, se triplicó, y la cifra se mantiene: la costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España.
La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser. Tanto es así que en los modernos sistemas jurídicos -incluido el nuestro- el ADN se ha transformado en la "prueba reina" para determinar la identidad de las personas, independientemente de su edad, incluso en hipótesis de devastación, o sea cuando prácticamente ya no queda nada del ser humano, aun luego de mucho tiempo.
El verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más a los más débiles. Porque el criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscita en los demás, o de la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera existencia.
Esta ley afecta el orden constitucional (artículos 7º, 8º, 36º, 40º, 41º, 42º, 44º, 72º y 332º) y compromisos asumidos por nuestro país en tratados internacionales, entre otros el Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por la Ley Nº 15.737 del 8 de marzo de 1985 y la Convención Sobre los Derechos del Niño aprobada por la Ley Nº 16.137 del 28 de setiembre de 1990.
En efecto, disposiciones como el artículo 42 de nuestra Carta, que obliga expresamente a proteger a la maternidad, y el Pacto de San José de Costa Rica -convertido además en ley interna como manera de reafirmar su adhesión a la protección y vigencia de los derechos humanos- contiene disposiciones expresas, como su artículo 2º y su artículo 4º, que obligan a nuestro país a proteger la vida del ser humano desde su concepción. Además, le otorgan el estatus de persona.
Si bien una ley puede ser derogada por otra ley, no sucede lo mismo con los tratados internacionales, que no pueden ser derogados por una ley interna posterior. Si Uruguay quiere seguir una línea jurídico-política diferente a la que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, debería denunciar la mencionada Convención (Art. 78 de la referida Convención).
Por otra parte, al regular la objeción de conciencia de manera deficiente, el proyecto aprobado genera una fuente de discriminación injusta hacia aquellos médicos que entienden que su conciencia les impide realizar abortos, y tampoco permite ejercer la libertad de conciencia de quien cambia de opinión y decide no realizarlos más.
Nuestra Constitución sólo reconoce desigualdades ante la ley cuando se fundan en los talentos y virtudes de las personas. Aquí, además, no se respeta la libertad de pensamiento de un ámbito por demás profundo e íntimo.
Este texto también afecta la libertad de empresa y de asociación, cuando impone a instituciones médicas con estatutos aprobados según nuestra legislación, y que vienen funcionando desde hace más de cien años en algún caso, a realizar abortos, contrariando expresamente sus principios fundacionales.
El proyecto, además, califica erróneamente y de manera forzada, contra el sentido común, el aborto como acto médico, desconociendo declaraciones internacionales como las de Helsinki y Tokyo, que han sido asumidas en el ámbito del Mercosur, que vienen siendo objeto de internalización expresa en nuestro país desde 1996 y que son reflejo de los principios de la medicina hipocrática que caracterizan al médico por actuar a favor de la vida y de la integridad física.
De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías y, de esta forma, salvar a los dos.
Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socio-económica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar solas. Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto.
El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración,
Dr. Tabaré Vázquez. Presidente de la República

LA PRIVATIZACIÓN DE LA VIDA ´PÚBLICA

Por Daniel Innerarity, profesor titular de Filosofía en la Universidad de Zaragoza, autor de El nuevo espacio público (EL PAÍS, 28/01/08):


Qué tienen en común cosas en apariencia tan dispares como la política de Sarkozy en relación con su vida privada, las recientes manifestaciones de los obispos españoles o la personalización de las campañas electorales, reducidas a una cuestión de confianza en la persona de los candidatos? La respuesta a esta adivinanza es: se está modificando el esquema de articulación entre lo privado y lo público al que estábamos acostumbrados. La transparencia de la intimidad de los gobernantes, las celebraciones de la familia y el hogar, la irrupción de la esfera religiosa en el espacio común, la presencia pública de la identidad sexual se han convertido en elementos habituales de nuestro paisaje social y están produciendo una verdadera privatización del espacio público. Hay una especie de invasión de lo privado, de extroversión de lo personal, en los escenarios públicos, un fenómeno que tal vez tenga su primera condición de posibilidad en el vaciamiento del espacio público oficial, banalizado y ritual, incapaz por tanto de ofrecer significaciones comunes con las que puedan identificarse los sujetos.

Se ha producido una modificación del marco de condiciones a partir del cual los temas eran identificados y tratados como privados o públicos. Convicciones personales, creencias, emociones, sentimientos e identidades adquieren preeminencia sobre cualquier otra consideración en el compromiso público de los ciudadanos. Esta privatización del espacio común se hace visible en el mundo de los medios, tanto en el fenómeno de los prominentes que dan a conocer su vida privada, como en el de la gente corriente que se confiesa públicamente en determinados programas televisivos. Los programas informativos hace mucho tiempo que renunciaron a presentar una noticia abstracta y la sustituyeron por una “historia” personal, sin la que al parecer seríamos incapaces de comprender los acontecimientos. Otro efecto de este proceso es la personalización de lo político, es decir, el hecho de que las personas sobresalgan por encima de los temas o estos sean tratados como cuestiones personales. La complejidad de la política y el hecho de que los medios giren en torno a las imágenes conduce a la personificación de los acontecimientos. El “lado humano” de las cuestiones políticas (el carácter, estilo, simpatía, talante, popularidad, credibilidad, confianza de los políticos) adquiere primacía sobre su competencia. En un horizonte de politización escasa, terminamos votando por los atributos personales. Ya no hay diferentes programas económicos, sino Solbes contra Pizarro, es decir, personas o rostros que figuran como generadores de la confianza que ningún programa electoral puede suscitar.

Los temas políticos se transforman en asuntos de imagen, sentimientos y dramas personales; el principal instrumento de la acción política es la emoción, la simulación de autenticidad, los sentimientos personales que se consigue comunicar. Por eso los políticos se muestran tan indignados, escenifican afectación o nos comunican más sus convencimientos que sus decisiones. En otras épocas de mayor densidad ideológica hubiera sido impensable que un político dedicara tanto tiempo a comunicarnos su estado de ánimo y que su grado de optimismo o pesimismo nos pareciera tan relevante.

La otra cara de este proceso es la politización de lo privado, algo que resulta bien patente si advertimos que los grandes problemas públicos son actualmente problemas vinculados a la vida privada. Vivimos en un tiempo en que la misma experiencia privada de tener una identidad personal se ha convertido en una fuerza política de grandes dimensiones. Asuntos que en otras épocas se inscribían más bien en el ámbito privado, que incluso se clausuraban en la intimidad, como el género, la condición sexual, las identidades o la experiencia religiosa, irrumpen en la escena pública con toda su fuerza e inmediatez. La actual campaña presidencial americana es un buen ejemplo de que la política que podríamos llamar abstracta o programática es incapaz de imponerse a la condición personal de los candidatos, cuya raza, género o confesión religiosa sigue siendo decisiva.

Va perdiendo fuerza el principio clásico de que el ámbito de lo tolerable y el ámbito de lo que aprobamos no coinciden. Cualquier ejercicio de distinción entre lo legal y lo moral parece una coartada para el relativismo. Pero convivir en una democracia pluralista requiere haber aprendido a distinguir lo que nos gusta de lo que simplemente soportamos, haber renunciado a erigir nuestras preferencias en norma universal, no confundir el respeto con el reconocimiento o el derecho con el aprecio. Esta distinción es correlativa a la diferencia entre un espacio público y otro privado, cuya demarcación será discutible y puede fluctuar a lo largo de la historia, pero sin la que nos enzarzaríamos en un combate por exigir de otros lo que no tenemos derecho a obtener. Son estas distinciones básicas las que se tambalean ante la extroversión histérica de la intimidad. El primer derecho humano es no estar obligado a gustar a todos. Los derechos de la persona no pueden hacerse valer si no hay un ámbito protegido de la exigencia de justificación por los demás, lo que supone una esfera de privacidad que no es propiamente política. Nos hemos acostumbrado al tópico de que la tolerancia es muy poco, pero no deberíamos olvidar que ese poco es imprescindible.

En nuestras sociedades se reclaman con frecuencia demandas que van más allá de la búsqueda de la justicia social y económica; lo que se exige como derecho político es la felicidad personal, el reconocimiento moral, la gratificación sexual o la salvación del alma. Pero esto es algo que no tiene ningún sentido demandar y que además no es necesario para el desarrollo de la propia identidad. En pleno movimiento por los derechos civiles, Martin Luther King afirmaba: “No pedimos que nos queráis. Sólo os exigimos que dejéis de fastidiarnos”. Formulaba así una idea de respeto igualitario que suponía el reconocimiento de que la acción pública y la intimidad privada tienen diferentes requerimientos. El concepto de espacio público introduce una distinción entre vida pública y experiencia privada que es actualmente oscurecido por el lenguaje terapéutico (plagado de referencias a “sentimientos compartidos” o a la “autoestima”). Tal vez esta confusión se deba a la dificultad de diferenciar los principios del espacio privado y las exigencias del mundo común. Un espacio público bien articulado requiere que haya unas cuestiones sociales que son puestas en el ámbito de la deliberación pública y otras que son protegidas del escrutinio colectivo.

Una ciudadanía democrática no puede desarrollarse allí donde no se ha aprendido a distinguir entre el mero respeto y la aprobación. Si uno no sabe que está obligado a tolerar cosas que no comparte, si se empeña en que sus preferencias deben contar con el beneplácito de todos, entonces se incapacita para vivir en sociedad. En lugar de la convivencia entre diferentes, limitada y condicionada por una perpetua negociación acerca de lo que se muestra y lo que es mejor guardar discretamente, hay quien se obstina en encontrar concesionarios de autoestima, en subrayar histéricamente sus emociones, en publicitar las conquistas amorosas, en desconectar su peculiaridad de la común humanidad, en proteger sus convicciones religiosas bajo un baldaquino social… Todas esas publicitaciones son cosas que no hace ninguna falta tener para sentirse de un lugar, ni para querer a alguien, ni para ordenar los propios afectos o practicar una religión. ¿Por qué entonces nos empeñamos en perseguir tales sanciones públicas? Seguramente porque a través de esa pública aprobación se revela una profunda debilidad de la propia identidad, de los sentimientos o de las convicciones religiosas.

No es posible vivir sin espacios de indiferencia pactada, lo que Goffman llamaba “una desatención educada”. Gracias a ellos aseguramos la principal conquista de nuestra civilización, que no es el cariño mutuo asegurado sino la posibilidad que nos ofrece de convivir e incluso actuar juntos sin la compulsión de ser idénticos.

EL MAQUIAVÉLICO SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL

El maquiavélico sistema electoral español, de Jorge Urdánoz Ganuza en El País
Febrero 16th, 2008

“El sistema electoral español es infinitamente más original de lo que parece a primera vista, y es bastante maquiavélico”. Quien así habla no es ni un desinformado ni un antisistema resentido, es Óscar Alzaga, uno de los padres del propio sistema. Los dos adjetivos que utiliza describen a la perfección la criatura que él y otros miembros de la UCD alumbraron durante la Transición y que todavía perdura.

Su originalidad es tal que los especialistas no acaban de catalogarlo. Aunque la Constitución habla de “representación proporcional”, lo cierto es que las desproporciones en los resultados son de las mayores de la escena internacional. No sólo no se garantiza una proporción más o menos ajustada entre votos y escaños, es que ni siquiera se salvaguarda el mero orden en el que los votantes colocan a los partidos: una formación con menos votos que otra puede conseguir más escaños. Por eso muchos estudiosos del sistema no lo consideran proporcional sino mayoritario atenuado.

Pero un sistema mayoritario se caracteriza por sobrerrepresentar al partido ganador facilitando así que forme gobierno. Y nuestro sistema no siempre beneficia al primer partido: en 2004 las elecciones las ganó el PSOE, pero el más beneficiado fue el PP. Mientras los votantes socialistas recibieron un 3.3% de escaños por encima de lo que hubiera sido proporcional, los populares se vieron agraciados con un 3.7%. De hecho, con el actual empate técnico puede suceder que el PP quede segundo en votos pero primero en escaños, perdiendo y ganando a la vez las elecciones (¡!). Las más elementales leyes de la semántica impiden denominar “mayoritario” a un sistema que posibilita semejante resultado.

Entonces, ¿qué es? Bien, ya se ha dicho: es original. De hecho, lo es tanto que puede afirmarse que su esencia consiste en su inexistencia. El “sistema electoral español” es una construcción meramente verbal que carece de una realidad empírica a la que aplicarse con sentido. Lo que hay son 52 sistemas electorales (50 por provincia más Ceuta y Melilla). Los sistemas en los que se eligen muchos escaños son proporcionales. Los sistemas en los que se eligen 3, 4 o 5 escaños no. La ciencia política suele estimar que estos últimos tienen efectos “mayoritarios”, algo que a mi juicio no merece el noble principio de mayoría. Por eso, si me permiten la licencia, yo les voy a denominar “distorsionantes”. Porque lo que hacen esos sistemas es distorsionar, y por partida doble y superpuesta.

Pensemos en Teruel, con 3 escaños. Un sistema así distorsiona en primer lugar el propio voto de muchos ciudadanos. Un voto útil no es otra cosa que una emisión de preferencias distorsionada: “Yo prefiero A, pero he de votar por B”. Y distorsiona, en segundo lugar, los resultados. Porque el reparto de escaños va a ser prácticamente siempre de 2 a 1 -aunque el partido vencedor lo sea sólo por un voto- y porque todos los votos a terceros partidos se quedan sin representación.

Conviene entonces no claudicar ante la magia de las palabras: no hay “un sistema electoral español”, y es preferible hablar, como empiezan a hacer los especialistas, de “los sistemas electorales para el Congreso”. La imagen mental adecuada no es la de una entidad más o menos unívoca, sino más bien la de una escala. Una escala en la que se sitúan 52 posibilidades y cuyos límites son por un lado la distorsión y por otro la proporcionalidad.

Soria, con 2 diputados, es un extremo de esa escala; Madrid, con 35, es el otro. Y cada provincia se sitúa de acuerdo a su número de escaños. El 62% de los españoles votan en circunscripciones de 10 escaños o menos, por lo que saben que si su primera preferencia no supera aproximadamente el 10% de los votos, su voto será electoralmente inútil. En ellas se impone a fuego el bipartidismo, ya que sólo el PP y el PSOE pueden en la práctica verse representados (o, en su caso, los nacionalistas). En las cinco provincias en las que habita el 38% de españoles restante serían a priori posibles nuevos partidos e iniciativas, pues la proporcionalidad es elevada. Pero recordemos a Alzaga: no sólo original, también maquiavélico.

Como en un taller de alquimia, la escala que acabamos de describir se encuentra salpicada con unas cuantas gotas de sufragio desigual. Las provincias más pequeñas eligen más escaños de los debidos, disfrutando así de un poder de voto mayor. En las últimas generales el precio del escaño basculó desde las 20.000 papeletas de Soria hasta las 100.000 de Madrid. Tenemos así dos escalas que corren paralelas pero en sentido contrario. La primera nos divide en 52 grupos de acuerdo a nuestra mayor o menor proporcionalidad (sistemas electorales diferentes). La segunda nos divide en otros tantos grupos de acuerdo a nuestro mayor o menor poder de voto (sufragio desigual).

Maquiavelo habría tomado apuntes: los electores cuyos votos son fuertes se hallan en los sistemas “distorsionantes” y por tanto presionados para votar útil o, lo que es lo mismo, a los dos grandes; los votantes eximidos de esa losa psicológica son libres, pero sus votos son débiles. En cifras: en Teruel bastan 25.000 votos para alcanzar un escaño, pero es que eso es un 33% de los votantes turolenses y por tanto sólo el PP y el PSOE pueden permitirse tales escaños de saldo. En Madrid un 3% de los votos suponen 3 escaños, pero es que eso equivale nada menos que a 300.000 votantes.

Aunque centrarse sólo en ellos es ya a mi juicio parte del problema, los efectos del entramado son obvios. Por un lado se impone el bipartidismo y se fomenta la polarización, siendo casi imposible que surja un partido de centro que pueda ejercer un factor moderador. Por otro, la única alternativa para pactar la ofrecen los nacionalistas.

¿Qué hacer? La decisión sobre el sistema electoral configura una situación en buena medida excepcional desde el punto de vista de la filosofía política. Nadie defiende, por ejemplo, que sean las empresas las que redacten las leyes anti-monopolio: esa labor ha de corresponder a instituciones que, situadas por encima de ellas, vayan más allá de sus intereses. Pero el sistema electoral lo deciden los partidos y, ¿qué hay por encima de ellos? “La ley y el Estado de Derecho”, se dirá, pero es que la ley y por tanto el derecho son, empezando por la propia Constitución, creaciones suyas.

Si hay otro cuerpo en el Estado que comparte esa situación soberana de los partidos es el militar. El ejército no tiene por encima nada que pueda controlarlo, lo que explica el destacado papel que el honor y la obediencia han desempañado siempre en su código moral: son nuestra única garantía. De ahí que, de la misma manera que la democracia sólo germinó cuando las cúpulas militares interiorizaron de verdad su acatamiento al poder civil, compartieran o no sus designios, la regeneración de la democracia sólo será posible cuando las cúpulas partidistas asuman ciertos principios, convengan o no a sus intereses.

Por eso, a pesar de que de ellos no se escuche ya últimamente ni el más leve susurro, resulta fundamental volver a hablar de principios. Cuando uno lee a los viejos defensores del ideal de la proporcionalidad descubre los valores que la nutren: a los electores les garantiza libertad; a los resultados, justicia. Y cuando uno vuelve a los clásicos de la democracia, recuerda que hay un valor que bajo ningún concepto puede claudicarse: la igualdad del voto. Son las élites de los grandes partidos las que han impedido que esos tres valores sean hoy y ahora una realidad entre nosotros. Llevar los principios al centro del debate y recordar lo que significa “inalienable” es el primer paso para evitar que puedan seguir haciéndolo.

Jorge Urdánoz Ganuza es doctor en Filosofía y Visiting Scholar en la Universidad de Columbia, Nueva York.

BIPARTIDISMO Y DINÁMICA PERVERSA

Bipartidismo y dinámica perversa.

Jorge Urdánoz Ganuza en El País
Abril 1st, 2008

Nuestro peculiar sistema electoral venía arrojando hasta estas elecciones tres divisiones bastante claras: los beneficiados (PP y PSOE), los proporcionalmente representados (nacionalistas periféricos) y los perjudicados (partidos estatales menores). Aunque suele afirmarse que el sistema beneficia a los nacionalismos, tal aseveración es empíricamente falsa. Los nacionalismos se encuentran representados aproximadamente como merecen, y haríamos mal en achacarles a ellos los problemas de nuestro modelo representativo.

A la extendida imagen del nacionalismo bisagra que recibe contraprestaciones desmedidas habría que superponerle otra escena igualmente cierta pero no tan aireada. En ella PP y PSOE primero devoran cualquier alternativa de ámbito español y después se reparten sus escaños. Porque, como ha demostrado el 9-M, es así como se construye la sobrerrepresentación de ambos: a partir de la infrarrepresentación de los ciudadanos que votan IU, UPyD o cualquier otra tentativa de alcance nacional.

Lento pero seguro, el bipartidismo ha acabado por imponerse en todos los rincones no nacionalistas de nuestra geografía. Los partidos estatales que han sobrevivido pagan un precio tan excesivo que carecen de posibilidades de permanencia más allá de lo testimonial y lo meritorio. El grotesco cálculo que permiten los escaños de los seis partidos menores resulta demoledor: de los 17 diputados que suman, los 3 que pertenecen a IU y a UPyD tienen más votos que los otros 14 en su conjunto. ¿Qué expectativas pueden albergar formaciones sometidas a semejante trato?

Hay dos clases de razones para considerar nefasto el panorama que dibuja este nuevo escenario en el que sólo hay ya dos divisiones (PP-PSOE y los nacionalismos). En primer lugar las relativas a la dinámica que arroja sobre nuestro sistema político. Por un lado, los dos grandes únicamente pueden ganar si descalabran al rival.

La recurrente polémica sobre la crispación ha de entenderse en este contexto, porque se trata en buena medida de un comportamiento inducido institucionalmente: PP y PSOE están condenados a enfrentarse. Ambas formaciones luchan en un escenario de tierra quemada en el que cualquier concesión ha de interpretarse siempre como una derrota y un avance del rival. Por otro, sólo el nacionalismo queda en pie para pactar. Se trata de una dinámica intrínsecamente perversa: el país se consume en un enfrentamiento que roza lo cainita y cuyo desenlace va a ser siempre el mismo: el pacto con los nacionalismos.

El segundo tipo de razones se relaciona con la ética democrática y con los valores constitucionales que en teoría nutren nuestro sistema político. La lectura más sencilla de lo que han supuesto las últimas elecciones es esta: para los ciudadanos españoles no nacionalistas el pluralismo ha desaparecido definitivamente de su horizonte de posibilidades. Todos esos millones de ciudadanos son forzados en la práctica a elegir entre un menú a dos, no hay más opciones. Losmecanismos mediante los cua-les se les somete son conocidos: voto desigual y reducción de la libertad de opción merced a la presión del voto útil. El resultado también: injusticias flagrantes en el reparto de escaños.

Treinta años después de que la Constitución viera la luz, los principales valores que sobre el papel la animan -igualdad, libertad, justicia y pluralismo- son para la mayoría de los españoles poco más que retórica barata en lo que a su representación política se refiere.

El bipartidismo y su dinámica se han impuesto de un modo tan arrollador en estas elecciones que, sin modificar el modelo representativo que nos dimos en la Transición, no parece posible otro horizonte. El ideal de la representación proporcional podría solucionar tanto las carencias democráticas básicas como los problemas que arrastra hoy la configuración del poder. No sólo garantizaría la justicia en la representación, motivo ya de por sí suficiente si de verdad se asumen los valores constitucionales; es que, además, la dinámica institucional que previsiblemente desplegaría abundaría en un inmediato beneficio para el funcionamiento de nuestro sistema político.

En cuanto a los valores, sólo hemos de imaginar lo que de modo inmediato supondría la proporcionalidad. Cada ciudadano podría votar por su opción preferida, sin cortapisas de ningún tipo (libertad). Cada voto contaría exactamente lo mismo (igualdad). Cada partido recibiría la proporción de escaños que los ciudadanos, y no las artimañas del sistema electoral, le concedieran (justicia). ¿Hay que decir algo más si de principios se trata? Lo inaudito aquí y ahora es que tales valores se vean todavía en el trance de ser defendidos, porque ni su fundamento ni su idoneidad deberían encontrarse sometidos a discusión ni lesionados en la práctica. No son opciones, son derechos.

Las objeciones que suelen lanzarse contra la proporcionalidad provienen normalmente del lado de la dinámica institucional. Durante la Transición se estimó necesario “corregir” la proporcionalidad para promover la gobernabilidad del frágil sistema constitucional que, tras cuarenta años de oscuridad franquista, iniciaba su andadura. Tal razonamiento carece ya de vigencia. No sólo porque el sistema se ha asentado, sino porque además el tiempo ha invalidado el argumento: con excepción de la de 2000, no hay mayorías absolutas desde 1989. No es que se esté de acuerdo o no, es que no hay caso. Aunque los correctivos a la proporcionalidad se mantienen, los alegados beneficios de tal sacrificio no hacen acto de presencia. En libertad, en igualdad, en justicia y en pluralismo (se dice pronto) los ciudadanos seguimos pagando el precio, pero la recompensa no aparece. En lugar de gobernabilidad recibimos polarización y dependencia periférica.

Si el 90% de españoles no nacionalistas disfrutaran de un sistema proporcional no habría que esperar ninguna explosión de nuevas formaciones, tal y como el ejemplo de Madrid viene a demostrar. Los madrileños votan desde 1977 en un sistema totalmente proporcional con una barrera del 3%, y no se ha producido una debacle a la italiana ni nada parecido. Los cuatro partidos de ámbito nacional que ya hay serían probablemente más que suficientes. Pero el reparto de escaños entre ellos sería justo y los votos emitidos para ellos serían libres. Libres e iguales. Y los pactos posteriores lo serían bien entre ellos, lo que hasta ahora es imposible; bien con los nacionalistas, como hasta ahora. No parece un horizonte demasiado inquietante sino todo lo contrario. En este país ni tenemos sólo dos voces ni los ciudadanos nos merecemos estar condenados a un eterno enfrentamiento entre ellas.

El ideal de la proporcionalidad electoral podría así solucionar tanto los problemas de ética democrática como los de dinámica política. Garantizaría la justicia en la representación y promovería una mayor eficacia institucional. Pero quienes han de tomar nota de ello son el PP y el PSOE, precisamente los más beneficiados por el actual estado de cosas. Aunque sin duda la reforma del sistema representativo es una exigencia de Estado, está por ver si ambas formaciones se encuentran a la altura. Después de todo, los perjudicados somos el país y sus ciudadanos, no ellos ni sus dirigentes.


Jorge Urdánoz Ganuza es doctor en Filosofía, Visiting Scholar en la Universidad de Columbia, Nueva York.

AMISTAD CÍVICA.

ADELA CORTINA

EL PAÍS - Opinión - 06-05-2008

Las sociedades para prosperar, según Aristóteles, necesitan leyes e instituciones justas, gobernantes prudentes y jueces honestos, pero también un ingrediente sin el que la vida pública no funciona con bien: la amistad cívica.

La amistad cívica no consiste en que los ciudadanos se vayan de tapas, porque éstas son cosas que se hacen con los amigos corrientes, con ésos a los que, según el diccionario, se tiene afecto personal desinteresado que se fortalece con el trato. La amistad cívica sería más bien la de los ciudadanos de un Estado que, por pertenecer a él, saben que han de perseguir metas comunes y por eso existe ya un vínculo que les une y les lleva a intentar alcanzar esos objetivos, siempre que se respeten las diferencias legítimas y no haya agravios comparativos.

Cuáles son esas metas comunes es fácil de aclarar. En el orden global, en que los Estados deberían estar comprometidos, erradicar el hambre y la pobreza extrema y los restantes Objetivos del Milenio son una orientación suficiente. En este sentido, es una buena noticia que España haya aumentado la ayuda al desarrollo, y no hay sino que progresar al máximo. En lo que se refiere al orden interno del Estado, bregar por la educación de calidad, la atención sanitaria eficiente y buena, el trabajo estable, y por hacer realidad que todos los ciudadanos puedan expresar sus ideas libremente, siempre que no atenten contra la libertad y la vida de otros, son metas suficientes para vincular a las personas en una tarea común.

Y, sin embargo, no parece que ese vínculo amistoso exista en nuestro país. Las últimas elecciones generales, endurecidas como pocas, han generado la sensación de una ciudadanía enfrentada en la solución de cada uno de los problemas comunes, como si para cada tema hubiera dos bandos: si unos dicen "blanco", los otros han de decir "negro". Las razones para cada posición parecen en principio irrelevantes, porque después ya vienen los "argumentadores" oficiales, que diseñan argumentarios para sostener hasta lo insostenible. Se divide entonces la ciudadanía en bandos, que parecen ser irreconciliables.

Cuando en realidad es mucho más lo que les une que lo que les separa. Cuando no se construye una vida pública justa desde la enemistad, porque entonces falta la argamasa que une los bloques de los edificios, falta la "mano intangible" de la amistad cívica. Junto a la mano visible del Estado y la presuntamente invisible del mercado, es necesaria la mano intangible de la amistad entre ciudadanos que se saben artesanos de una vida común.

Esto no significa abolir la diversidad y generar una sociedad de individuos homogéneos, porque existen diferencias de capacidades, de creencias religiosas, de sensibilidad política, de tendencia sexual, y tantas otras que componen una "ciudadanía compleja", y no la ciudadanía simple, sin atributos, sin carne ni sangre humanas, que no existe más que en las mentes totalitarias.

Los grupos que luchan por el reconocimiento de las diferencias son un factor de progreso y, si las sociedades quieren ser justas, han de articular esas diferencias, siempre que sean legítimas; una tarea de orfebrería, que no tiene éxito si no hay voluntad de respetarlas desde las distintas partes. Para eso se necesita la amistad cívica de quien no ve en el otro un enemigo a abatir, sino un igual con el que hay que resolver con justicia los problemas comunes.

Para muestra, un botón. Hace unos días en Zaragoza, en una conferencia, comenté a un público encantador cómo Zaragoza es la primera ciudad grande que visité en mi infancia y me dejó deslumbrada. Ahora parece, sin embargo, que hay temas tabú, como el del trasvase del Ebro, porque vengo de la "España seca". ¿No vamos a poder hablar de este asunto y otros, para ver cómo encontramos soluciones conjuntas desde la solidaridad y sin agravios comparativos? ¿Es que de pronto no puede haber amistad cívica entre aragoneses y valencianos por temas que hay que discutir con voluntad de llegar a la solución más justa y con espíritu solidario? Una señora que había pedido la palabra, empezó su pregunta con una frase magistral: "Ante todo -me dijo-, ¡bienvenida!". Como en aquellos tebeos de la infancia: "Sin palabras".

Por desgracia, hay gentes que ganan creando discordia. Otras, anestesiadas, a las que importan los problemas sólo cuando les afectan -"ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde"-. Otras, cuyas pretensiones legítimas no se ven reconocidas, y éstas son las excluidas. Otras empeñadas en hacer creer que sus pretensiones son las más importantes y que nunca se les hace justicia. Son las que utilizan el victimismo como herramienta para convertir sus deseos en prioridades frente a las necesidades de otros. Es lo que ocurre en esos lugares con bonanza económica y social, donde no hay ninguna razón para reprimir a quienes no piensan igual, mucho menos para matar por la independencia. A la hora de reclamar el derecho a la diferencia hay que ponerlo en sus justos términos.

La amistad -decía Aristóte-les- es lo más necesario para la vida; sin amigos nadie querría vivir, aunque poseyera todos los demás bienes. Y parece -añadía- que es la amistad cívica la que mantiene unidas a las ciudades.

Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia.